ERNESTO J. TOVAR
RAQUEL BARREIRO C.
EL UNIVERSAL
El consultor jurídico del Instituto Nacional de Tierras (INTI), Gregorio Artiles, aseguró que la problemática del sicariato contra líderes campesinos se ha incrementado en el país a raíz de la promulgación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
Informó que hasta la fecha hay un promedio de 55 campesinos asesinados por sicariato en varias regiones del país. El Ministerio de Agricultura y Tierras, conjuntamente con la Fundación Tierra Viva, está estudiando los casos de los familiares de los fallecidos para censarlos, establecer las necesidades de cada uno de ellos y brindarles ayuda económica.
«El MAT a través de todos sus entes adscritos va a tratar de solventar medianamente esa situación de desamparo en que quedaron esos familiares, vamos a ver si el Ministerio puede encontrar algún tipo de beca. El INTI otorgará los títulos o las cartas agrarias a los familiares y Fondafa se encargará de otorgar créditos. Pero que no se vea como una indemnización porque el que indemniza es el responsable y el Estado no es responsable de estas muertes».
Por otra parte, Artiles reconoció que se está realizando una reforma a la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario para corregir algunas imprecisiones acerca del cobro de impuestos, lo que ha hecho imposible su aplicación como estaba previsto para comienzos de este año.
«Se está estableciendo que el Seniat este año no va a cobrar el impuesto (tierras ociosas). La aplicación del mismo entrará en vigencia a partir del año 2007, por lo que comenzará a cobrarse en 2008».
Alarmas
La Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga) considera que el agravamiento de la inseguridad personal de los productores agropecuarios, acentuada con el asesinato de Luis Eduardo Martínez, ganadero de la zona de Machiques, en Zulia, motivó a que los productores decidieran declararse en emergencia, luego del constante asedio del que serían objeto por parte de delincuentes comunes y presuntos paramilitares y guerrilleros colombianos.
Méndez ha reiterado la necesidad de una verdadera disposición política por parte de las autoridades civiles y militares a escala nacional, para combatir un flagelo que «ya no es exclusivo de estados fronterizos como Zulia, Táchira o Apure, sino que lamentablemente se produce en todo el territorio venezolano».
El presidente de Fedenaga aseguró que la invasión militar sobre la que constantemente advierten los altos funcionarios del Gobierno ya se está produciendo, a manos de los irregulares que practican la extorsión, el secuestro y el cobro de vacuna en todo el país.
Resaltó la gravedad de la inseguridad, señalando que «ni siquiera la condición militar del jefe del Teatro de Operaciones 5 impidió el secuestro y la posterior muerte de Carolina De Lucca».
Méndez aspira a que la Asamblea Nacional apruebe con prontitud la Ley Antisecuestro, consultando a todos los sectores antes de tomar cualquier decisión, debido a que este delito es un problema que atañe a todos.
