El origen de los fondos usados para el financiamiento de las operaciones terroristas es un asunto desconocido para el común de las personas. La poca información que hay al respecto está llena de supuestos y datos no confirmados, generalmente procedentes de actividades de inteligencia.
Tal y como sucede en la industria de la droga, el dinero es un elemento muy importante para toda actividad terrorista. Es por esto que la estrategia delineada por las autoridades estadounidenses se propone, entre sus objetivos inmediatos, “cortar el flujo de fondos” de las organizaciones que intentan lograr cambios políticos a través de la violencia.
Pero es necesario hacer una distinción: en el tráfico de drogas el dinero es un fin, o mejor dicho “el” fin, mientras que en las operaciones terroristas es un medio para el logro de la meta política. Esto no se puede perder de vista, pues de lo contrario se puede incurrir en terribles confusiones.
En los ochentas, el embajador de Estados Unidos en Colombia Lewis Tambs acuñó una expresión de “organizaciones narcoterroristas”, para describir a la incipiente alianza entre algunos grupos de traficantes de drogas y las organizaciones guerrilleras. El acuerdo, que al parecer todavía se mantiene, consiste en que los guerrilleros –así como los paramilitares en algunas partes de ese país- dan seguridad a las operaciones de los carteles, y éstos pagan el servicio con drogas, efectivo o incluso armamento.
No obstante, la expresión “narcoterrorismo” castiga los oídos de los académicos, quienes con razón destacan la distinción que debe existir entre las estructuras delictivas y las organizaciones políticas. En todo caso, si una de estas últimas acude a dinero sucio en forma sistemática se transforma de hecho en un grupo al margen de la ley.
Otro ejemplo sobre los mecanismos de financiamiento del terrorismo fue revelado –aunque sea en forma parcial- tras la conclusión de una pesquisa internacional a una alianza de sirios, libaneses y turcos que enviaba drogas desde Ecuador hacia Europa.
La prensa ecuatoriana destacó que hasta el 70 % de las ganancias derivadas de la venta de cada alijo “era destinado para financiar las operaciones terroristas del grupo islámico”, surgido en 1982 en respuesta a la ocupación de fuerzas multinacionales en el Líbano. Las noticias abundan en detalles sobre cómo desmantelaron a la red de traficantes y dieron con la identidad de Rady Zaiter y sus cómplices. Pero no indica lo más importante: cómo hacía para entregar el producto de sus ganancias a la organización terrorista.
Alguna luz arrojó el coronel Edison Ramos, jefe de la Policía Antinarcóticos de Pichincha, cuando explicó que por cada millón de dólares generados por la venta de drogas la organización en Ecuador recibía 300 mil dólares, es decir solamente el 30 %. No obstante, si el alcaloide era vendido en Europa cabría preguntarse cómo hacían para trasladar tanto dinero hasta Ecuador. ¿Sería a través de ese mecanismo, tan viejo como simple y efectivo, llamado hawala? Hasta ahora eso no ha sido confirmado, aunque es de esperarse debido a los procedentes de esa misma organización en la llamada Triple Frontera y en otros lugares como Maicao y Margarita. Un indicio importante al respecto es el hecho de que Zaiter tenía identificaciones fraudulentas emitidas en Colombia y Venezuela.
La búsqueda del financiamiento a las organizaciones terroristas requiere de cierta sagacidad. El periodista Matthew Levitt ha advertido sobre la creciente participación de las llamadas “organizaciones caritativas” como fachadas para esta actividad. Son ideales, pues los controles son menos estrictos que cuando se trata de sociedades con fines de lucro. E incluso, se benefician de exenciones impositivas. Con lo que por vía indirecta los propios estados financian a los grupos que intentan destruirlos. Algo realmente paradójico.
