La guerra contra las drogas es una guerra perdida y 2011 será el momento para abandonar el enfoque punitivo y emprender una nueva serie de políticas que estén basadas en la salud pública, los derechos humanos y el sentido común. Estas fueron las principales conclusiones de la Iniciativa Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, que organicé junto con los ex presidentes Ernesto Zedillo de México y César Gaviria de Colombia.
Decidimos participar en este asunto por una razón de peso: la violencia y corrupción asociadas con el tráfico de drogas representa una grave amenaza a la democracia en nuestra región. Este sentido de urgencia nos condujo a evaluar las políticas actuales y buscar alternativas viables. La evidencia es abrumadora. Es claro que el enfoque prohibitivo, basado en la represión de la producción y criminalización del consumo, ha fracasado.
Después de 30 años de un enorme esfuerzo, lo único que se ha logrado con el enfoque prohibitivo es cambiar los cárteles y el cultivo de un país a otro. América Latina sigue siendo el exportador más grande de cocaína y marihuana.
Miles de jóvenes siguen perdiendo la vida por las guerras entre pandillas. Los capos de la droga ejercen un control de miedo en comunidades enteras.
Nuestro informe concluye con un llamado para cambiar de paradigma. El comercio ilícito de drogas continuará mientras exista la demanda de drogas. En lugar de aferrarse a políticas inútiles que no reducen la rentabilidad del comercio de drogas –y por consiguiente su poder- debemos reorientar nuestros esfuerzos para lidiar con los daños que causan las drogas a las personas y sociedades, y para reducir el consumo.
A lo largo de la historia siempre ha existido un cierto tipo de consumo de drogas en las culturas más diversas. Ahora, la sociedad es la que usa las drogas. Personas de todo tipo usan las drogas por diferentes razones: para aliviar el dolor o experimentar placer, para escapar de la realidad o para acentuar tal percepción.
Sin embargo, el enfoque que se recomienda en la declaración de la Iniciativa no contempla la satisfacción. Las drogas son nocivas para la salud. Minan la capacidad de toma de decisiones de los consumidores. El uso compartido de agujas propaga el VIH/SIDA y otras enfermedades. La adicción puede conducir a la ruina financiera y a la violencia personal, especialmente en los niños.
Por lo tanto, el objetivo principal debe ser la reducción del consumo tanto como sea posible. No obstante, ello requiere tratar a los consumidores de drogas no como criminales que hay que encarcelar, sino como pacientes que hay que atender. Varios países están emprendiendo políticas que se centran en la prevención y el tratamiento en lugar de la represión –y sus medidas punitivas las reorientan a la lucha contra el verdadero enemigo: el crimen organizado.
El consenso global sobre el enfoque prohibitivo se está ampliando. Un número creciente de países en Europa y en América Latina se están alejando del modelo meramente represivo.
Portugal y Suiza son buenos ejemplos del impacto positivo de las políticas centradas en la prevención, el tratamiento y la reducción de los daños. Los dos países han despenalizado la posesión de drogas para uso personal. En lugar de dar lugar a una explosión del consumo de drogas, como muchos temían, el número de personas que buscan tratamiento se ha incrementado y el consumo de drogas en general ha caído.
Cuando el enfoque político cambia de la represión criminal a la salud pública, los consumidores de drogas están más dispuestos a buscar tratamiento. La despenalización del consumo también reduce el poder de los traficantes para influir y controlar la conducta de los consumidores.
En nuestro informe recomendamos analizar los méritos de la despenalización de la posesión de cannabis para uso personal desde un punto de vista de salud pública –y sobre la base de la ciencia médica más avanzada.
La marihuana es con mucho la droga más ampliamente utilizada. Hay un conjunto de evidencias que sugieren con más contundencia que los daños que causa son por lo menos igual de graves que los del alcohol o el tabaco. Además, muchos de los daños que están relacionados con el uso de la marihuana –desde el encarcelamiento indiscriminado de los consumidores hasta la violencia y corrupción asociadas con el comercio de drogas- son el resultado de las actuales políticas prohibitivas.
La despenalización del cannabis sería por lo tanto un gran avance hacia la adopción del uso de drogas como un enfoque de salud y no como un problema del sistema de justicia penal.
Para tener credibilidad y eficacia, la despenalización se tiene que acompañar de fuertes campañas de prevención. La caída fuerte y sostenida del consumo del tabaco en décadas recientes muestra que la información pública y las campañas de prevención pueden funcionar cuando están basadas en mensajes que son consistentes con la experiencia de las personas a las que se dirigen. Al tabaco se le quitó su lado glamoroso y se gravó y reguló; no se ha prohibido su uso.
Ningún país ha diseñado una solución integral al problema de las drogas. Sin embargo, una solución no requiere de una elección tajante entre la prohibición y la legalización. La peor prohibición es la prohibición de pensar. Ahora, por fin, el tabú que impedía el debate se ha superado. Se están probando enfoques alternativos y hay que analizarlos cuidadosamente.
Al final del día, la capacidad de las personas para evaluar los riesgos y tomar decisiones informadas será tan importante para regular el uso de las drogas, como el diseño de políticas y leyes más humanas. Sí, las drogas socavan la libertad de las personas. Sin embargo, es momento de reconocer que las políticas represivas hacia los consumidores de drogas, fundamentadas en el prejuicio, el miedo y la ideología, son también una amenaza a la libertad.
Fernando Henrique Cardoso, ex presidente de Brasil (1995-2002), es copresidente de la Iniciativa Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, y organizador de la Comisión Global para una Política de Drogas.
