Renuncia justificada
Una carta de renuncia fue suficiente para que el jefe de Seguridad del Departamento de Estado norteamericano, Richard Griffin, dejara su cargo. La razón: numerosas acusaciones contra él por no poder controlar a las empresas privadas de seguridad que operan en Irak.
Condoleezza Rice aceptó la dimisión, no sin antes agradecerle el “servicio ejemplar” que prestó a la Nación. Por su parte, Griffin no quiso dar declaración alguna y sólo justificó su renuncia afirmando su intención de exponerse a “nuevos desafíos”. Sin embargo, este hecho tiene sus antecedentes.
Justo un día antes, el Departamento publicó un informe en el que la empresa Blackwater, que se encarga de la seguridad de la Embajada estadounidense en Irak y de todo el personal diplomático, involucraba a dicha compañía con la muerte de diecisiete civiles, durante un tiroteo en Bagdad.
El hecho ocurrió en momentos en que se escoltaba a un convoy. A partir de ese altercado, la empresa privada comenzó a recibir numerosas críticas. Entre ellas, las del director de gestión de políticas del Departamento de Estado, Patrick Kennedy, quien ratificó que sólo se puede disparar con el “debido cuidado” y tomando en cuenta la seguridad de los transeúntes o personas inocentes.
Fue entonces cuando, después de 36 años de carrera en el Departamento de Estado, de haber sido puesto en ese cargo desde el 2005 y ejercido labores exigentes y delicadas, Griffin decide renunciar. Según el portavoz de esa cartera, Sean McCormack, el ex jefe de seguridad será reemplazado temporalmente por Gregory Starr.
Extractos de una copia de la carta que fue entregada a la agencia de noticias Associated Press, demuestran a Griffin elogiando a “los valientes hombres y mujeres» que están al frente de las líneas de guerra contra el terrorismo. Sin embargo, el Centro para los Derechos Constitucionales se pronunció en contra de este hecho, al que calificaron de “crimen premeditado”. La organización actuó en nombre de un superviviente y de familiares de tres de las víctimas fatales.
Por su parte, Blackwater ha insistido en la “inocencia” de su personal y alega que sus guardias actuaron en “defensa propia”. Según una nota publicada en BBC Mundo, Michael Ratner, del Centro para los Derechos Constitucionales, afirmó contundentemente que “no se puede permitir que la compañía continúe operando fuera de la ley» e insistió en la “incapacidad” de la empresa para “actuar de acuerdo con las leyes de guerra, las leyes de Estados Unidos y las leyes internacionales”.
El costo de las guerras en Irak y Afganistán podría alcanzar, para el año 2017, un total de 2,4 billones de dólares, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos. Estas cifras salieron a la luz pública, dos días después de que el presidente George W. Bush solicitara al Congreso casi 200 mil millones de dólares adicionales al presupuesto asignado para las guerras, en el 2008.
