La política de seguridad pública orientada a la solución de problemas criminales, es un enfoque de la función del mantenimiento del orden público o del orden interno de un país, en el cual diversas actividades de la función policial (cada una de estas actividades agrupadas a su vez en un conjunto de incidentes similares, bien sean estos delitos o eventos de alteración del orden público, en los cuales la policía tenga competencia o deba de actuar) son objeto de un análisis minucioso ejecutado por analistas criminales profesionales y por personal con amplia experiencia en el campo operacional.
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En los próximos años seremos testigos de progresivos cambios en la relación entre la seguridad pública y la seguridad privada.
La oferta de seguridad pública -fuerzas policiales- no ha aumentado de modo concomitante lo que, en conjunto con el continuo aumento de la demanda de seguridad, ha potenciado el crecimiento de la seguridad privada.