Con miedo. Así vive Lismey en la Cota 905, a pesar de que hace más de tres meses se desarrollara en esa zona por primera vez la Operación de Liberación al Pueblo (OLP) que, según han dicho las autoridades, busca acabar con la delincuencia organizada y brindarle paz a los ciudadanos.
No teme del hampa en la zona sino de los guardias y policías nacionales que el pasado 13 de julio entraron a su vivienda, causaron destrozos, y se llevaron detenido a su hijo de 17 años sin una orden judicial.
A las 4:00 am inició el operativo. Fallecieron 15 presuntos delincuentes. Participaron 200 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES).
Detuvieron a 134 personas, recuperaron 20 vehículos robados y desmantelaron siete bandas delictivas, informó esa tarde el ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López.
«Golpearon a las personas, hicieron desastres en las casas, partieron los corotos, se llevaron computadoras, prendas…», agregó a la parte oficial Lismey. A ella, además, le robaron el dinero que había ahorrado para la graduación de bachiller del adolescente.
Al menor de edad se lo llevaron la mañana de ese lunes al destacamento 54 de la Guardia Nacional en El Paraíso y lo liberaron a las 2 de la madrugada del martes, cuando no pudieron probar que fuese responsable de algún delito.
«Lo agredieron física y verbalmente, le decían delincuente, lo llamaban por nombres que no eran de él… Igual pasó con otros niños de aquí», relató la madre.
De las 134 personas detenidas en ese primer despliegue de la OLP, solo 19 fueron presentadas ante Tribunales de Control señalados por la comisión de los delitos de homicidios, robo, hurto de vehículos y tráfico ilícito de drogas, según una nota de prensa del Ministerio Público (MP).
La fórmula se repitió posteriormente en el resto del país. En agosto, la ONG Provea denunció que la OLP detuvo 4.021 ciudadanos en un mes pero solo 368 fueron puestos a la orden del MP. Por eso, la organización señaló que casi el 90% de las detenciones han sido «arbitrarias e ilegales» y calificó los operativos de «razzia» contra los pobres.
A pesar de que Lismey y su familia interpusieron una denuncia en la Fiscalía y Defensoría del Pueblo todavía no han obtenido respuestas. Mientras tanto, su hijo estudia Ingeniería Civil en el oriente del país. «Tuve que mudarlo de aquí porque yo pienso que ellos (quienes actuaron en el operativo) me lo pueden afectar».
ACABAR CON LAS MAFIAS
El presidente de la República, Nicolás Maduro, ha rechazado las críticas que tildan las actuaciones de los funcionarios en estos operativos como violatorias de los derechos humanos. Ha expresado, en cambio, que estas acciones buscan liberar y proteger a las comunidades de la criminalidad y que cuentan con el apoyo de los ciudadanos porque son «el resultado de experiencias acumuladas» en planes de seguridad.
Además, en agosto pasado, anunció la formulación de un «paquete» de leyes habilitantes para «apretar la mano contra los paramilitares y los delincuentes». Durante su programa En contacto con Maduro número 35, indicó que en los próximos días detallaría los componentes de la normativa, pero los dos meses siguientes no volvió a referirse al asunto.
El último balance oficial presentado por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, refiere que en 90 días de aplicación de la OLP en todo el territorio nacional se desplegaron 63.831 efectivos, se presentaron al MP 1.787 personas y se desmantelaron 101 bandas delictivas.
Sin embargo, los operativos no han tenido mayor impacto en el índice de homicidios en la Gran Caracas. De julio a octubre, El Universal registró 1696 asesinatos, 42 más que en el mismo periodo del 2014, cuando fueron 1654.
Durante el mes de julio se produjeron 430 homicidios, 456 en agosto, 420 en septiembre y 390 en octubre. El año pasado fueron 373, 429, 425 y 427 respectivamente.
Especialistas en criminalidad aseguran que la OLP por sí sola no es suficiente para combatir la inseguridad ciudadana. En este sentido, el diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el PSUV y ex jefe de Policía, Freddy Bernal, señaló que es necesario articular los operativos con una serie de proyectos, porque un problema estructural no se resuelve con enfrentar a «una que otra banda».
«Además, hay que decirlo autocríticamente, hemos cometido un error táctico (…) Entramos en una zona, se efectúa un operativo y luego nos retiramos sin ocupar el espacio, entonces los delincuentes se reacomodan y vienen con más fuerza», declaró el parlamentario en una entrevista a Unión Radio.
REPRESALIAS
Al menos 19 ataques con granadas en manos de delincuentes han ocurrido en los últimos tres meses y 15 han sido contra sedes de organismos de seguridad o en enfrentamientos con funcionarios.
Para Bernal, los atentados son una represalia a los avances en la desarticulación de bandas y bajas de jefes de grupos armados.
– 7 de agosto: Detonan un par de granadas dentro de las instalaciones del calabozo del comando policial de Bartolomé Salom, de la Policía de Carabobo.
– 11 de agosto: Tres funcionarios de la policía de Santa Teresa del Tuy resultaron gravemente heridos luego de ser atacados a tiros y con una granada cuando viajaban en una patrulla por el sector Las Brisas de Charallave.
– 13 de agosto: Cuerpos de seguridad desactivaron una granada que fue arrojada en el estacionamiento del Cicpc de Valera presuntamente como retaliación por tres antisociales abatidos en un enfrentamiento.
– 9 de septiembre: Delincuentes accionan tres granadas durante encuentro con funcionarios del Cicpc de Barquisimeto.
– 18 de septiembre: Accionan una granada en una zapatería del municipio Ayacucho de Táchira.
– 23 de septiembre: Lanzan granada en la sede policial del municipio Cárdenas en Táchira presuntamente para lograr la fuga de unos detenidos.
– 25 de septiembre: En la subdelegación del Cicpc de Mariara, Carabobo, tres delincuentes accionaron tres granadas luego de intentar ingresar a la base de homicidios.
– 26 de septiembre: Dos antisociales a bordo de una motocicleta arrojaron una granada a la subdelegación del Cicpc de El Llanito en Caracas. No hubo heridos.
– 27 de septiembre: Motorizados lanzan dos granadas contra un punto de control de Polibaruta en Las Mercedes. Ocho funcionarios y cuatro civiles fueron heridos.
– 27 de septiembre: Una pareja a bordo de una moto lanzó un artefacto explosivo contra el Centro de Coordinación Policial de San Juan de los Morros, en Guárico.
– 27 de septiembre: Esta vez, una granada fue lanzada contra la sede de coordinación policial 7 de Polimiranda en La Urbina. No hubo heridos.
– 30 de septiembre: Durante un Consejo de Ministros, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que un motorizado lanzó una granada en una importante planta eléctrica del país.
– 6 de octubre: Sujetos a bordo de un vehículo Dodge plateado lanzaron dos granadas y dispararon contra la sede del Cicpc de Higuerote.
– 7 de octubre: Arrojan granada en vivienda de la urbanización El Naranjal, Maracaibo, Zulia. El artefacto no explotó.
– 13 de octubre: Delincuentes en el sector La Curva de los Mereyes y Candelero de Ocumare del Tuy accionaron un explosivo durante un enfrentamiento con Polimiranda y Polilander. Murieron cuatro antisociales y nueve policías resultaron heridos.
– 17 de octubre: La explosión de una granada hirió a dos policías durante un enfrentamiento con delincuentes de los sectores Los Alpes y El León en la Cota 905.
– 21 de octubre: Dos delincuentes arrojaron un explosivo a una casa en la calle 55 del barrio Armando Reverón en Maracaibo. El ataque sería una disputa entre bandas de presuntos narcotraficantes. Ocho personas resultaron heridas.
– 22 de octubre: Antisociales lanzaron una granada contra la división de vehículos del Cicpc en Quinta Crespo. El explosivo golpeó contra la cerca perimetral de la sede policial y rebotó hacia la autopista Francisco Fajardo. No explotó.
– 27 de octubre: Un funcionario de la PNB resultó herido por las esquirlas de una granada proyectada por delincuentes a comisiones policiales que los perseguían en la avenida Los Castaños, de Caracas.
PREVENCIÓN
El lunes 2 de noviembre, 4.200 funcionarios adscritos al Servicio de Policía Comunal se desplegaron en 529 núcleos del país para desarrollar la «segunda fase de consolidación de la OLP», como le ha denominado el ministro de Interior y Justicia.
Los policías comunales, concebidos hace cinco años como funcionarios preventivos, deben trabajar junto a las comunidades e intervenir en circunstancias que constituyan amenazas, riesgos y vulnerabilidades. Tienen también la responsabilidad de informar permanentemente a los órganos pertinentes cuando se requieran intervenciones de carácter represivo contra el delito.
Con este plan, que estipula la participación de 1.100 funcionarios más, se busca superar el «error táctico» que mencionó Bernal sobre la ausencia de organismos de seguridad luego de operativos de «liberación». Sin embargo, no se ha avanzado en torno a las denuncias de violaciones de derechos humanos.
* Para este trabajo, se intentó contactar a Bernal y ampliar las declaraciones que ofreció a Unión Radio pero aunque en tres oportunidades aseguró por mensajes de texto que devolvería la llamada, no lo hizo. Igualmente, su asistente ofreció, sin éxito, facilitar la comunicación.
Fuente: seguridadenamerica.com.mx