Un decreto presidencial otorga al Servicio Bolivariano de Inteligencia la facultad de cooperar con cualquier órgano policial en las investigaciones sobre crimen organizado.
El Reglamento Orgánico del Sebin publicado en Gaceta Oficial señala que la policía política podrá «contribuir con los órganos de seguridad ciudadana en el enfrentamiento de las modalidades del crimen organizado de mayor significación».
El decreto establece otras 16 competencias, entre las que figuran la custodia de dignatarios extranjeros, el asesoramiento en materia de seguridad de Estado y desarrollo de proyectos y tecnologías de información. Nada se dice de la investigación a los grupos terroristas, que era una de las principales razones de existencia del órgano.
El Sebin está adscrito a la Vicepresidencia, pero su director será nombrado por el jefe del Estado. Contará con ocho unidades administrativas de apoyo y otras seis unidades operativas. Entre estas últimas está la de Acciones Inmediatas, en la que figuran los grupos de intervención para neutralizar la presencia de aparatos explosivos y actuar en casos puntuales como tomas de rehenes o acciones de la guerrilla.
La Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, vigente desde abril de 2008, establece que tanto el Cicpc como el Sebin debían desmantelar sus grupos élite cuando la Policía Nacional tuviese el suyo.
Durante el inicio del gobierno de Hugo Chávez, la policía política creó un grupo especial para investigar la corrupción. Dos años después este fue desmantelado.
