Marco legal de la actividad de Inteligencia en la Argentina
La ley 25.520 (Ley de Inteligencia Nacional) es la que establece la estructura del Sistema de Inteligencia argentino, que estaría constituido por la sumatoria de todos los organismos del Estado que están coordinados por la Secretaria de Inteligencia (ex SIDE) para la seguridad tanto exterior como interior de la Argentina. A su vez la ley describe las diferentes dependencias de Inteligencia y Contrainteligencia y sus funciones específicas.
Integran este Sistema la Secretaría de Inteligencia; la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar.
La Secretaría de Inteligencia depende de la Presidencia de la Nación, y es el principal organismo de Inteligencia que dirige a todo el Sistema de Inteligencia argentino, a la vez que es la encargada de la producción de la Inteligencia Nacional y Contrainteligencia.
La Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, con dependencia de la Secretaría de Seguridad Interior, tiene como función la producción de Inteligencia Criminal.
Por su parte, y de acuerdo al art. 15 de la ley 23.554, la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, bajo la orbita del Ministro de Defensa, tiene como principal actividad la obtención de Inteligencia Estratégica Militar que recaban las fuerzas Armadas (Ejercito, Marina y Fuerza Aérea).
Según la letra de la ley 25.520, por Inteligencia se entiende “La actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a las amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior de la Nación”.
Mientras que la Contrainteligencia es “La parte de la Inteligencia referida a la actividad que se realiza con el propósito de conjurar operaciones de espionaje, sabotaje y/o actividades psicológicas secretas llevadas a cabo por actores que representen amenazas o riesgos para la seguridad de la Nación”.
Por Inteligencia Criminal entiende “La parte de la Inteligencia referida a las actividades criminales específicas que, por su naturaleza, magnitud, consecuencias previsibles, peligrosidad o modalidades, afecten la libertad, la vida, el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías, las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional”.
La Inteligencia Militar es “La parte de la Inteligencia referida al conocimiento de las capacidades y debilidades del potencial militar de los países que interesen desde el punto de vista de la defensa nacional. Así como el ambiente geográfico de las áreas estratégicas operacionales determinadas por el planeamiento estratégico militar”.
Según la normativa, ninguno de los organismos de inteligencia argentinos pueden realzar tareas represivas ni acciones de tipo policial, aunque la ley plantea la ambigüedad de que pueden ser convocados judicialmente para tales actividades en cuestiones que ingresen en el marco de su ‘competencia’.
Tampoco pueden discriminar en sus informes o información almacenada según grupos étnicos, raciales o religiosos, o datos sobre la vida privada de las personas, los partidos políticos, ONGs o actividades licitas que efectúan los ciudadanos.
También no pueden influir a través de ningún medio en los ámbitos militares, fuerzas de seguridad, o en las áreas sociales, económicas, relaciones internacionales, opinión pública o en los medios de comunicación. A su vez no pueden los miembros de estas dependencias revelar información de inteligencia sobre los ciudadanos y las diferentes organizaciones que desarrollan actividades en el país.
De la misma forma se les prohíbe la intervención telefónica, postal o de cualquier medio de transmisión de datos, salvo que estén autorizados por la autoridad judicial correspondiente.
La Inteligencia argentina en los últimos años.
Hasta aquí, en el plano teórico, podemos considerar que la Republica Argentina, tiene un Sistema de Inteligencia que esta avocado a la seguridad de la población, dentro del marco del respeto a los derechos fundamentales y dirigidos a las posibles amenazas exteriores. Pero podemos preguntarnos si en los hechos ¿siguen los servicios de inteligencia de la Argentina estos lineamientos o son un brazo poderoso y oculto del gobierno de turno o de facciones políticas infiltradas en dichos organismos, para perseguir a los opositores a la vez que son utilizados como ‘caja negra’ para el manejo de fondos reservados de uso discrecional en acciones sospechosas?
En los últimos años los ‘espías’ argentinos han sido criticados desde varios sectores, por acciones que llevaron a cabo yendo en contra de las funciones y atribuciones que tenían por ley sus respectivos organismos de Inteligencia.
A continuación vamos a efectuar una breve descripción de los hechos más significativos de los últimos años.
Con respecto a la causa AMIA son muchas las sospechas y acusaciones hacia los organismos de Inteligencia de la Argentina. Como consecuencia de la denuncia que efectuó Claudio Lifchitz, antiguo prosecretario del juez Galeano, en el año 2000 en relación a la supuesta trama que se tejía para darle una solución judicial ficticia al atentado terrorista, donde murieron 85 personas, se comenzó a investigar el pago ilegal de 400.000 dólares que hizo la SIDE a Carlos Telleldín, uno de los principales imputados en la causa, para desviar las pistas hacia miembros de la Policía Bonaerense, por medio de un expediente paralelo al de la AMIA, llamado Brigadas. Este descubrimiento llevo a que el actual tribunal oral que lleva la causa, deje sin efecto todo lo realizado por Galeano.
La ultima intervención de la actual Secretaria de Inteligencia sobre la AMIA, en el año 2005, fue la afirmación de que habían detectado a quien fuera el terrorista suicida que se había inmolado contra la sede de las Mutuales Israelitas Argentinas. Dijeron que Ibrahim Hussein Berro, de nacionalidad libanesa, había sido el conductor de la camioneta Trafic que se estrelló contra el edificio.
Este supuesto éxito de inteligencia, cayó por la borda cuando el hermano de Ibrahim, Abbas Hussein Berro, informó que su hermano murió en el sur del Líbano y que era falsa la acusación de su participación en el atentado en la ciudad de Buenos Aires, en el año 1994.
Abbas dijo que por pedido de personal de inteligencia argentino, les había dado una foto de su hermano y que luego estos inventaron toda la historia, inclusive exhibiendo otra foto que no era de su hermano. Luego de esto la Secretaria de inteligencia se llamó a silencio con respecto al tema del terrorista suicida.
En el año 1999 la SIDE realizó un informe en el cual advertía que sus agentes encubiertos en la Triple Frontera, habían detectado y filmado la presencia de miembros de Al Qaeda, tanto de la facción sunnita como shiíta, que estaban trabajando en conjunto. Esta información fue descartada por fuentes norteamericanas e israelíes, debido a que no es parte del modus operandis de estas organizaciones, la colaboración entre las dos facciones más enfrentadas dentro del seno del Islam. Por el contrario se puede observar la guerra cruenta inclusive por medio de atentados en países como Irak, Pakistán y la India entre estos dos grupos antagónicos.
Para estas operaciones dijeron haber utilizado cámaras ocultas puestas cerca de las mezquitas e intervenido los teléfonos de comerciantes árabes y musulmanes, con la ayuda de Gendarmería y Policía Federal, para lo cual tuvieron que hacer un listado de todos los musulmanes que simpatizaban con la causa de la Guerra Santa.
Según el informe, Bin Laden había instalado una base de operaciones en la región, donde captaba fondos, daba entrenamiento militar y permitía la recepción de terroristas prófugos de la justicia internacional. Todo esto, según los agentes de la SIDE, era posible gracias al apoyo de la población local, principalmente de los que vivían en Ciudad del Este (Paraguay) y Foz do Iguazú (Brasil).
Este hallazgo insólito y solo detectado por la inteligencia criolla, se dio en el marco de la creación de la Dirección de Terrorismo Internacional dentro de la SIDE, dirigida en ese momento por el menemista Hugo Anzorregui, iniciativa que surgía de la denominada Sala Patria en disputa por poder en ese momento con la sección de Contrainteligencia o Sala Estados Unidos, en alusión al nombre de la calle donde se encontraba la sede del organismo.
El resultado final ante la falta de pruebas de la presencia del ‘eje del mal’ en la Argentina, fue la declaración de la Secretaria de inteligencia diciendo que los miembros de las organizaciones terroristas en Triple Frontera, habían huido a Medio Oriente debido a la cantidad de efectivos de inteligencia de varias países que habían llegado al lugar ante la denuncia de peligro inminente que emanaba del informe de la SIDE.
A pesar del escándalo argentino dentro de las agencias del espionaje mundial, el juez Galeano, actualmente cuestionado por el manejo de la causa AMIA, ordenó en ese momento por escrito que se sigan las tareas de inteligencia en la zona, teniendo como base la hipótesis del informe secreto de la SIDE.
En el gobierno del presidente de la Rua, el mayor escándalo de la SIDE fue el pago de sobornos a los senadores, con el fin de lograr la aprobación de la cuestionada Ley de Flexibilidad Laboral. En ese momento el empresario Fernando de Santibáñez era el secretario de la SIDE. En enero del 2000, Santibáñez le pidió al entonces presidente de la Rua que le diera excepcionalmente a la secretaria de Inteligencia, 50 millones de dólares. El resultado final fue que el Senado votó la media sanción de la ley, que necesitaba con urgencia el gobierno de la Alianza.
La SIGEN (Sindicatura General de la Nación) que auditaba a los organismos del Estado, incluida la SIDE, determinó que en ese año la Secretaria de Inteligencia había gastado 200 millones de dólares sin poder especificar su destino, incluidos los 50 millones de dólares que el gobierno le dio de forma irregular. Finalmente, se determino que 6,5 millones de dólares fueron para pagar las coimas del Senado.
La operatividad habría sido hecha por medio del ‘arrepentido’ Mario Pentaquarto, en ese momento secretario parlamentario, cuando el 18 de abril del 2000 retiró de la sede de la Secretaria de Inteligencia, el dinero que luego fue repartido entre los senadores corruptos. Una de las consecuencias del escándalo del Senado habría sido la renuncia de ‘Chacho’ Álvarez como vicepresidente del gobierno aliancista.
También en el 2000, la inteligencia nacional se vio cuestionada ante la denuncia de Aníbal Ibarra de tener su oficina llena de micrófonos, al asumir el cargo de Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En los últimos tiempos, vulnerando el derecho a la privacidad de los argentinos, el gobierno ‘K’ intenta que las conversaciones telefónicas y los e-mails de todos los ciudadanos, puedan ser guardadas por la actual Secretaria de Inteligencia, por un periodo de hasta 10 años para prever posibles acciones delictivas que aun no se hayan efectuado, en una especie de analogía con la película futurista Minority Report, interpretada por Tom Cruise, en la cual el Estado ‘Gran Hermano’ detenía a los supuestos delincuentes antes de cometer los hechos ilícitos, a pesar de que la realidad era que el sistema se constituía en una forma encubierta de persecución de los opositores.
Cabe destacar que en el país mas afectado por los cambios jurídicos en relación al tema Seguridad después de los atentados del 11-S, Estados Unidos de América, las nuevas leyes solo permiten el almacenamiento de la información privada de los ciudadanos por un máximo de un año, o sea diez veces menos tiempo que lo que pretende el actual gobierno argentino.
Es así como la Cámara en lo Contencioso Administrativo determinó la inconstitucionalidad de la ley 25.873 (llamada Ley Espía) que había sido sancionada sin debate parlamentario a fines del 2003 y también del decreto 1563. Esta decisión, posteriormente, fue ratificada por la Cámara Nacional de Apelaciones Contencioso Administrativo Federal.
El fallo judicial se dio después de que se realizaran dos denuncias sobre intervenciones telefónicas en seis dependencias publicas, lo que motivo una investigación judicial de parte del Consejo de la Magistratura y la Legislatura porteña. La discusión pública que despertó estas medidas impulsadas por Kirchner, obligo al presidente a no aplicar, por el momento, la ley espía aunque la misma sigue en vigencia y podrá ser activada cuando el gobierno tome la decisión de hacerlo.
CONCLUSIONES
La actual Inteligencia argentina se preocupa más de las cuestiones de política interna nacional y de las actividades de los conciudadanos, que de resguardar al país de las amenazas reales como son el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado.
Realizan actividades que van contra la normativa que los rige, vulnerando así los principios constitucionales y el sistema republicano de gobierno.
En sus informes y dependencias clasifican a los ‘sospechosos’ por su etnia, religión o tendencia política como en el caso de los musulmanes y árabes que viven en la Triple Frontera.
Suelen sembrar pistas falsas y desviar la línea de investigación en causas, tan trascendentes como la del atentado de la AMIA, a la vez que han manipulado y pagado sobornos para encubrir sus acciones ilícitas.
La actividad de guerra psicológica en los medios de comunicación para desviar la opinión publica, ha quedado demostrado en casos como el del supuesto terrorista suicida.
Han sido la caja negra de los gobiernos de turno, por medio de los denominados fondos reservados, que han sido utilizados en detrimento de los argentinos y a favor de ciertos grupos económicos, como en el caso del pago de sobornos en el Senado.
Por la falta de seriedad, eficiencia y discreción al revelar las fuentes han perdido el respeto y la confianza de los demás servicios de inteligencia de la comunidad internacional, a la vez que están desprestigiados y mal vistos por la sociedad argentina, a diferencia de otros países en el cual sus agentes secretos son altamente respetados (EE.UU., Rusia, Gran Bretaña, Francia, México, Chile, etc.).
Los gobiernos de turno los utilizan como cobertura y brazo armado para sus persecuciones políticas, como se esta viendo actualmente con la ley Espía que dejaría a todos los habitantes de la Nación bajo un manto de sospecha.
Sin duda hasta que en la Argentina no haya una reformulación del personal que actualmente integra los organismos de Inteligencia, incorporados en los diferentes puestos por acomodo partidario en vez de experiencia y capacidad técnica, y se profesionalice la carrera de agente y analista de inteligencia, seguiremos con la ficción de tener un Sistema de Inteligencia Nacional.
Para concluir, podemos decir que en estos momentos los espías argentinos no son profesionales ni confiables como fuente seria de inteligencia, y son utilizados como la GESTAPO del poder de turno para neutralizar a los oponentes, por medio de aprietes sobre temas personales escabrosos, y obtener más poder económico y político, en vez de velar por la integridad del territorio nacional y la paz social y la seguridad de todos los argentinos.