CLAIRE DE OLIVEIRA / AFP
RIO DE JANEIRO
Las organizaciones delictivas como el Primer Comando de la Capital (PCC), al que las autoridades atribuyen la ofensiva en Sao Paulo contra las fuerzas de seguridad, impusieron su ley en las prisiones, desde donde controlan sus actividades en las grandes ciudades.
»Existe en las prisiones una verdadera industria de la rebelión, un mercado de las fugas, de armas, de drogas y de teléfonos», dijo a la AFP Armando Tambelli, investigador de la ONG Observatorio de las Cárceles.
El PCC es la más poderosa de esas organizaciones, creada en 1993 en Sao Paulo, un estado que acoge 140,000 presos, 40 por ciento de la población carcelaria del país. Las autoridades penitenciarias estiman que el PCC tiene unos 1,500 miembros, aunque antiguos dirigentes lo calculan en 20,000.
Aunque la organización surge en las cárceles, sus miembros le deben obediencia y siguen actuando cuando se los libera, y por eso tienen capacidad de acción en las calles.
Ese tipo de organizaciones tienen un buen caldo de cultivo para organizar la vida en presidios superpoblados, a menudo insalubres y donde la administración no tiene muchos medios y suele ser permeable a la corrupción.
»Hace mucho tiempo que el número de guardias es irrisorio en las cárceles: 10 para 1,500 detendidos, lo que facilita la intervención de las facciones delictivas en el funcionamiento interno de las prisiones», dijo a la AFP Fernando Salla, investigador del Centro sobre Violencia de la Universidad de Sao Paulo (USP).
Los miembros del PCC contribuyen financieramente con la organización y disponen de una red compleja de relaciones en las cárceles.
»Como la mafia, el PCC tiene relacionescon la policía, las autoridades, y en sectores industriales con empresas de fachada; es inimaginable que pueda funcionar sin corromper a la autoridad», añadió Salla.
Las fallas del sistema penitenciario son »enormes» y la red de relaciones se realiza por teléfono móvil, que a pesar de las restricciones consigue entrar en los presidios, pero también a través de los abogados y de las visitas que transmiten informaciones y órdenes.
La Asociación de Policías Jubilados denunció ayer la falta de controles en las cárceles que aún permiten el ingreso de celulares. »Si los detectores de metales funcionan en los aeropuertos y bancos, ¿por qué no dan resultado en las cárceles?», se cuestionó la organización.
Como en el 2001, cuando el PCC organizó rebeliones simultáneas en 29 cárceles, con miles de rehenes, la actual ola de ataques se considera una reacción a la transferencia de líderes del PCC a presidios donde quedan aislados, según el especialista.
»Tenía que esperarse (un ataque así). Las autoridades transfirieron 765 líderes del PCC a una sola cárcel. Tocaron las economías del poder interno de las cárceles. El PCC ha querido mostrar a sus miembros que sigue con poder y que mantendrá sus privilegios», opinó Tambelli.
