Las inversiones de la guerrilla están centradas, principalmente, en las operaciones que generan más ingresos, como son el secuestro y la extorsión. La logística para llevar a cabo estas acciones requiere de ciertos procedimientos que tienen un costo, como por ejemplo: preparar la lista de personas o empresas extorsionables, el seguimiento administrativo o contable a estas empresas, a comercios o a las costumbres de las personas o de sus familiares más íntimos.
El seguimiento y la indagación se extienden hasta los centros urbanos, incluyendo a propiedades, cuentas bancarias y relaciones sociales. Las capacidades de seguimiento y de averiguación están a cargo de las redes de inteligencia e infiltraciones que la subversión mantiene en prácticamente todos los ordenes de la sociedad.
Los mecanismos de presión para llevar a cabo la extorsión requieren de inversión, como por ejemplo: la red de cobradores que debe emitir solicitudes de contribución, notas o cuentas de cobro, realizar visitas oportunas, recabar documentos de información patrimonial como balances personales, estados de cuenta bancarios, valores y escrituras de propiedades. En ocasiones, si hay resistencia al pago, debe solicitar atentados al comercio, predios, maquinarias, empleados, propietarios o sus familiares, incluyendo amenazas directas de secuestro o de muerte. Recientemente, se ha desarrollado la modalidad de invasión de fincas, promoviendo y financiando grupos organizados.
La subversión considera como personas secuestrables a:
1.- Los representantes de compañías que explotan los recursos naturales y usurpan los derechos del pueblo.
2.- Todos los opositores de la guerrilla.
3.- Los empresarios que explotan a sus trabajadores.
4.- Los agroindustriales que no usan mano de obra colombiana.
5.- Los productores fronterizos que no utilizan mano de obra colombiana o que las exploten si es el caso que la utilizan.
El número de secuestros realizados en Colombia ha ido en aumento entre 1980 y 1998. El año de 1987 marca un hito en la historia de la subversión, pues fue el período cuando terminó el financiamiento comunista y se inició la escalada de olas de secuestros para procurar fondos y generar el autofinanciamiento de los grupos guerrilleros.
En ese mismo año, el hampa común incursionó en la comisión de ese delito. Algunos expertos consideran que los delincuentes actuaban en outsourcing o con franquicias de la guerrilla. Este fenómeno se vislumbra más claramente a partir de los 90, cuando los secuestros perpetrados por el hampa común sobrepasan a los llevados a cabo por la subversión. La explicación para dicho fenómeno es que la guerrilla consideró conveniente reducir los riesgos asociados al secuestro y transferirlos a la delincuencia para evitar pérdidas o bajas en su personal. Otro razonamiento expone que la guerrilla quiso limpiar la imagen de delincuentes y bandoleros que le había impuesto el Gobierno en su campaña de descrédito.