Más de tres años tardó la aprobación entre la primera y la segunda discusión de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones en la Asamblea Nacional. Fue el martes 11 de junio cuando, por unanimidad, quedó lista para ser ejecutada una vez salga publicada en la Gaceta Oficial.
El reto del Gobierno Nacional está, ahora, en impulsar el desarme en la población, llegar a las zonas populares y sembrar valores que permitan entender que un arma no es necesaria para defenderse y tampoco para ostentar poder. Así lo refiere Pablo Fernández, secretario de la Comisión para el Desarme.
Explicó que desde el año 2003 el Gobierno ha venido trabajando en el tema del desarme, aplicando políticas de destrucción, impulsadas por el entonces ministro de la Defensa, Jorge Luis García Carneiro. En ese momento, se creó la Comisión Presidencial para el Desarme, la cual estuvo dos años en proceso de investigación, armando resoluciones y mecanismos de control para, finalmente, elaborar el proyecto definitivo.
«El enfoque está puesto en cerrarle la puerta al negocio de las armas y de la muerte», destacó Fernández.
Sin embargo, en el 2003 se registraron 13.647 homicidios en todo el país. Esa cifra mostraba un aumento significativo, pues el año anterior, en el 2002, los asesinatos fueron 11.341. Era una obligación para el Gobierno trabajar aceleradamente en el desarme, sabiendo que la mayoría de los homicidios se cometen con armas de fuego.
El propio Fernández lo reconoció, cuando dejó claro que «el 70% de los homicidios son por ajuste de cuentas, solo un 15% ocurre por robos y el resto por inconvivencia social».
En esos ajustes de cuentas relucían las armas de fuego. Prácticamente el 90% de los casos, según revelaron fuentes del Cicpc y expertos en materia de seguridad. Los más vulnerables siempre han sido jóvenes entre 15 y 28 años.
«Ahora vamos enfocados en laprevención, en la inclusión y en la educación en valores en los sectores populares. Además de la buena voluntad, tiene que haber resultados para que no siga creciendo el espiral de violencia», dijo Fernández.
A su juicio, Venezuela está por encima de Colombia, Brasil, Argentina, El Salvador y Sudáfrica, países que han tenido normativas de desarme.
La línea de acción es la transformación cultural. A propósito de ello, el diputado de la AN, Ricardo Sánchez, participó la semana pasada en el foro sobre Gestión de la Seguridad en América Latina, realizado en Argentina, y allí señaló que «el éxito del desarme depende de la voluntad que tengan nuestros gobernantes de turno…».
Para el experto en seguridad personal, comisario jubilado de la Disip Luis Granados «lo importante de la Ley es que haya compromiso gubernamental para atacar el grave problema de inseguridad».
