La seguridad ciudadana como política de Estado
La seguridad es un bien que apunta a la calidad integral de la vida de los ciudadanos, definir la seguridad ciudadana en sociedades tan complejas como la nuestra y habituada sobre todo a vivir con altas cuotas de incertidumbre, es sin duda una tarea bastante difícil. En el año 2001, presenté una propuesta al despacho Presidencial de Perú una propuesta para la creación de un Consejo de Seguridad Ciudadana, propuesta que también fue trabajada en otra comisión que integré durante ese año en la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso de la República.
Fue así como en el año 2002 fui invitado a participar en la mesa de trabajo de la Presidencia de la República, donde se aprobaron 7 leyes, entre ellas, que la seguridad ciudadana fuera por consenso político la VII política de Estado, además de la creación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Un Gobierno moderno debe fijarse metas gubernamentales, así como la objetivación de la seguridad a nivel macro. Desde el año 98 mi propuesta es una visión de los que llamé «los eslabones de la seguridad ciudadana», donde se debe trabajar necesariamente de una manera articulada e integral, ya que al fallar cualquiera de ellos, fallaría es todo el sistema.
Me refiero a Instituciones como la Policía, Fiscalía, Poder Judicial y nuestro Sistema Penitenciario. A propósito, es grave cómo aumentó la población penitenciaria en los últimos años. Ya superamos los 48.000 internos en todo el país y por lo menos en las últimas dos décadas, salvo el penal de Piedras Gordas y alguno que otro arreglo, en otros penales nuestro sistema penitenciario no ha variado y en mi opinión está colapsado. Que Lurigancho tenga hoy casi 11.500 internos, es una prueba de ello. Además de ser una verdadera bomba de tiempo, bajo esas características son cárceles inmanejables y en realidad son los delegados de cada pabellón quienes después de las seis de la tarde son los dueños de la situación.
Volviendo al tema, propongo analizar, sin perjuicio de las urgencias, que el ejercicio Gubernamental hecho desde luego con vocación y responsabilidad democrática, exige un adecuado equilibrio entre la dimensión política de los problemas y la dimensión técnica de los mismos, solo así se podrá evitar la tentación populista del sesgo tecnocrático para el diseño de soluciones adecuadas.
Las propuestas sobre el tema de seguridad ciudadana vienen acompañadas por lo general del síndrome del temor y del corto plazo, además a los políticos poco les interesa este tema ya que cualquier resultado positivo sería a un largo plazo. En este tema desde hace ya muchos años se está mirando el árbol y no el bosque, se trabaja de acuerdo a lo coyuntural y por presión básicamente de los medios de comunicación, por ello es que en las respuestas predominan soluciones que privilegian el uso de la fuerza.
Trabajar el efecto y no la causa, allí esta el error, debemos primero aceptar que estamos frente a un fenómeno social, en el cual las dinámicas de violencia y criminalidad, son subproductos de patrones de desigualdad y exclusión social. Sin duda, trabajando este solo factor estoy convencido de que se podría empezar a revertir parte del problema. Es cierto que si mantenemos las condiciones estructurales que permiten la comisión de los delitos, poco habremos avanzado, por ello, la política de seguridad ciudadana a la hora de ser diagnosticada y propuesta como voluntad de acción, precisará una visión de desarrollo social, una política sin un discurso estratégico sobre la ciudad, sus espacios, la cultura y recreación, una política de información y participación ciudadana, con un sistema integrado por ejemplo a la administración de justicia, por mencionar aspectos importantes del tema.
En el año 2002 William Bratton en su informe sobre la seguridad ciudadana en Lima nos mencionaba algo de esto, una vez más se privilegió lo político a lo técnico y se encarpetó dicho informe, que por cierto al ser integrante de la comisión lo tengo a disposición del que lo quiera leer.
Queda claro que el Estado es quien está obligado a proveer un orden jurídico así como una orientación política en materia de seguridad ciudadana, la responsabilidad estatal se debería desarrollar en torno de poder alcanzar la máxima eficiencia de los procedimientos de las instituciones que están comprometidas con la seguridad ciudadana. Aclarando un punto muy importante, la eficiencia estatal no se mide por los bajos niveles de delitos, sino por la percepción ciudadana de que la seguridad está bajo control, por ello el Estado es el garante final de la calidad de la seguridad ciudadana.
Finalmente, si bien la seguridad pública es la representación de autoridad en el territorio, el control permanente solo puede ser producto de los ojos y oídos de nuestras respectivas zonas, que somos los propios ciudadanos.
César Ortiz Anderson
Colaborador de Segured
