Washington. La trata de personas se ha convertido en un problema internacional cuya solución se ve en gran parte obstruida por la falta de leyes nacionales que tipifiquen uniformemente ese delito y faciliten la coordinación en el exterior, según funcionarios del Departamento de Estado y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Tras participar, junto con un representante de un grupo no gubernamental, en un coloquio sobre el tráfico de seres humanos en América Latina, coincidieron en que otro de los mayores obstáculos es también el grado de corrupción que afecta a ciertas dependencias nacionales, mencionó AP.
«En algunos casos, los funcionarios políticos clave en el éxito de la campaña son parte de una organización de traficantes», dijo Clara Antonelli, del Grupo Ley Internacional de Derechos Humanos (HRLG), de Washington.
Phillip Linderman, del Departamento de Estado, declaró que las investigaciones en los últimos cuatro años en que esa dependencia elabora un informe anual sobre el tema, muestran que otro de los obstáculos es que «los gobiernos carecen de voluntad política» para combatir la trata de personas.
Laura Langberg, especialista de la Comisión Interamericana de la Mujer, que es parte de la OEA, dijo que más allá de las críticas a los gobiernos tomados aisladamente, el tráfico con seres humanos «se ha convertido en un problema internacional» y así es como debería ser abordado.
El debate sobre el tráfico humano fue promovido por el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos (CSIS).
En su informe 2003 sobre tráfico de personas, difundido el mes pasado, el Departamento de Estado consideró que los peores casos de inacción regional se dan en Ecuador, Venezuela y Guyana.
«El Gobierno ecuatoriano necesita hacer mucho más», dijo Linderman.
Si los gobiernos de esos tres países no emprenden acciones en un plazo de 90 días desde la emisión del informe pueden sufrir sanciones de parte de Estados Unidos, principalmente referidas al corte de ayuda económica.
