BOGOTA (AP) — El principal grupo guerrillero colombiano aceptó negociar con el alto comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, el intercambio de políticos y uniformados en su poder por rebeldes presos, pero exigió que las conversaciones se realicen «cara a cara» en una zona desmilitarizada y no por Internet como sugirió el gobierno.
«Que se sienten los voceros nuestros y los representantes del gobierno cara a cara, así sea el Alto Comisionado el que va a rubricar el acuerdo, y para eso lo que se necesita es la zona que nosotros llamamos de seguridad y otros la llaman desmilitarizada», dijo el portavoz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes, en una entrevista divulgada el domingo por la noche por Noticias Uno de televisión.
El ministro del Interior, Sabas Pretelt, afirmó el lunes que «es un avance que entiendan (las FARC) que el gobierno siempre ha tenido un vocero que ha estado en disponibilidad de avanzar en el acuerdo humanitario con unas condiciones mínimas.
Sin embargo, Pretelt precisó que el gobierno tiene que estudiar si es posible un encuentro personal entre los negociadores rebeldes y el comisionado. «Habría que ver cómo se da y dónde», sostuvo el ministro en una entrevista con Radio Caracol, pero advirtió que la insistencia de la guerrilla en la creación de una zona desmilitarizada es un tropiezo.
El gobierno del presidente Alvaro Uribe propuso hace dos semanas la excarcelación inmediata de 50 guerrilleros, a cambio de la liberación por parte de las FARC de una veintena de dirigentes políticos secuestrados, una treintena de uniformados y tres contratistas civiles estadounidenses.
No obstante, se limitó la excarcelación de los guerrilleros a aquellos estén procesados por rebelión, lo que implica alzarse en armas contra el Estado. Además, se aclaró que no deben regresar a las filas de las FARC una vez queden libres.
Esto excluirá del intercambio a importantes líderes rebeldes presos como el ex negociador «Simón Trinidad» y la encargada de finanzas del narcotráfico de la guerrilla en el suroriente del país, Nayibe Rojas, alias «Sonia».
Las FARC respondieron a esa propuesta oficial afirmando que era «absurda» por todos las condiciones impuestas y exigieron que el gobierno nombrara a su negociador para el «canje».
Reyes, miembro del Secretariado de las FARC, reiteró en la última entrevista que la guerrilla desea negociar un acuerdo sin condiciones.
«Es un acuerdo incondicional donde nosotros le entregamos al gobierno los suyos y ellos volverán al ejército o los mandos militares; los policías a su institución, los políticos al ejercicio de la política, etc., y los nuestros volverán a sus tareas comunes y corrientes», recordó.
El portavoz de las FARC indicó que la creación de zonas desmilitarizadas se requiere para «que se puedan encontrar los representantes del gobierno con los voceros nuestros». Pero el ministro del Interior aclaró que esas zonas son para procesos de paz en firme.
Juan Carlos Lecompte, esposo de Ingrid Betancourt, ex candidata presidencial en poder de la guerrilla, celebró que las partes estén superando sus diferencias.
«Este es el avance más grande que he visto desde que Ingrid fue secuestrada», dijo Lecompte.
En principio, el gobierno exigía que el intercambio humanitario se hiciera en el marco de un proceso de paz, pero levantó esa condición.
También demandaba la liberación de todos los secuestrados en poder de las FARC, incluidos los retenidos por fines extorsivos. Ahora está dispuesto a negociar la liberación sólo de los políticos, uniformados y los tres estadounidenses.
