Andrés Vélez, que hasta hace poco fungía como asesor de prensa y relaciones públicas de los comandantes de las Auc en Santa Fe de Ralito, Córdoba –cargo que él mismo se atribuye–, fue sorprendido el jueves 30 de septiembre por funcionarios del DAS y de la Fiscalía que lo detuvieron al norte de Bogotá. El cargo: formar parte de una red de lavado de activos para el bloque Centauros de las Auc, comandado por Miguel Arroyave hasta antes de su asesinato. Según la información recopilada por los investigadores, en el último año y medio Vélez y otras 13 personas introdujeron en Colombia más de seis millones de dólares producto de la venta de narcóticos en Estados Unidos y Europa.
Cuando los detectives le mostraron algunas pruebas que lo vinculaban con el delito, Vélez sonrió y les dijo: «Frescos, yo sólo les hago unos mandados a los líderes de las Auc: les consigo helicópteros para sus desplazamientos y los asesoro en temas de presa en la mesa de negociación con el Gobierno. No he cometido delitos por los que deba responder». Fue trasladado a la sede del DAS y allí se desvanecieron los motivos para sonreír: los detectives le hicieron saber que tenían grabadas 50 horas de conversaciones comprometedoras con otros miembros de la red, grabaciones que habían sido hechas con autorización judicial, que no dejaban duda sobre participación en una gigantesca operación de lavado de dinero.
A la celda donde Vélez fue recluido llegó más tarde Enrique Ramírez Ordóñez, capturado por los mismos hechos. Según los investigadores, a través de las cuentas de una empresa familiar de exportación de flores, CI Flor Andina Ltda., Ramírez habría introducido buena parte del dinero blanqueado. La investigación indica que para darle visos de legalidad a la entrada ilegal de dinero, Ramírez presentaba a los bancos declaraciones de exportación o DEX para justificar parte de las remesas de las Auc. A la postre, los documentos resultaron falsos.
Los investigadores les informaron también a los detenidos que tenían en su poder fotografías tomadas a lo largo del seguimiento que les habían hecho, que demostraban sus frecuentes encuentros para realizar transacciones. Para ese momento, Vélez y Ramírez ya no tenían argumentos para insistir en su inocencia.
Piezas clave
Un par de horas más tarde llegaron detenidos al DAS, Hendrik Van Bilderbeek y Jorge Vicente Lozano, gerentes y representantes legales de las compañías Llanos Oil Exploration y Servicios Petroleros del Caribe, considerados por las autoridades como los cerebros de la empresa de lavado.
Bilderbeek, un estadounidense que llegó a Colombia hace varios años, en mayo de 2003 obtuvo un contrato con Ecopetrol por 2,5 millones de dólares para la exploración de campos en los Llanos Orientales. Pero el negocio se fue a pique y las firmas entraron en una grave crisis económica porque no lograron más contratos. Todo indica que eso los llevó a buscar fuentes de ingreso non sanctas y que prestaron sus cuentas para lavar dineros del exterior con destino a Miguel Arroyave y a otros comandantes que hoy están concentrados en Ralito.
Van Bilderbeek y Lozano son considerados los cerebros de la empresa de lavado.
Los investigadores aseguran que Lozano, reconocido porque en la década del 90 fue presidente de Asopartes y porque en 1994 representó al gremio en las negociaciones de Colombia con el G-3, fue pieza clave de la operación de lavado. «Cuando fue detenido mostró recortes de prensa y nos dijo que él era muy importante –le dijo a CAMBIO un investigador–. Pero las pruebas en su contra son contundentes».
A los cuatro detenidos se sumó un hombre conocido como El Capi, curtido en mil batallas. Él y Vélez eran los encargados de monitorear el ingreso del dinero a través de las cuentas de las compañías y de repartirlo en efectivo a los comandantes de las Auc. «Si alguien decidía quedarse un buen tiempo con el dinero en las cuentas, El Capi mismo prendía el motor de las amenazas –afirma uno de los investigadores–. Nadie les quedaba mal a los comandantes».
La ruta del dinero
Una vez que la droga de las Auc era vendida en ciudades de México, España, Estados Unidos y Suiza, el dinero de la venta iniciaba un recorrido a través de cuentas en varios bancos hasta llegar a cuentas en Colombia. Por ejemplo, los registros indican que el 7 y el 22 de agosto de 2003, en México y Miami fueron consignados 270.000 dólares en cuentas del Universal Transfer Internacional Bank y del Helb Bank Miami, para luego ser transferidos a una cuenta del Banco de Crédito en Bogotá.
Las autoridades bancarias de Miami encontraron sospechosos algunos de esos movimientos y, tras rastrear la procedencia del dinero, ordenaron el cierre de la cuenta. Fue entonces cuando intervino la DEA, y comenzó a seguir la ruta del dinero.
En el curso de la investigación han sido detenidas 14 personas que la semana pasada rindieron indagatoria ante el fiscal del caso. El peso de las evidencias –más de 1.000 comprometedoras conversaciones, fotografías, registros de cuentas bancarias y documentos– ha llevado a algunos a estudiar la posibilidad de acogerse al beneficio de sentencia anticipada y confesar su participación en el lavado de dinero. Otros, sin embargo, insisten en su inocencia y aseguran que el dinero que introdujeron al país era producto de negocios legales.
Por lo pronto, algo es seguro para las autoridades: desmantelaron una red de lavado de activos que trabajaba para las Auc, la organización que hoy adelanta conversaciones de paz con el Gobierno. Una piedra más en el zapato de la mesa de Ralito.
El peso de las pruebas
La semana pasada, los 14 detenidos que participaron en la empresa de lavado de dinero con destino a las Auc, rindieron indagatoria ante el fiscal que los investiga. CAMBIO estableció que varios de los procesados anunciaron su decisión de acogerse al mecanismo de sentencia anticipada después de que conocieron el material probatorio recopilado en su contra.
Los primeros en negociar fueron Enrique Posada, Francia Barona y Gloria Lucía Vélez, detenidos porque prestaron sus nombres y cuentas bancarias para lavar los recursos ilícitos. Los tres intermediarios aceptaron su participación en los hechos y ahora los fiscales esperan que sus declaraciones contribuyan a agilizar el proceso judicial.
Jorge Lozano, por su parte, considerado por los investigadores como la cabeza visible de la empresa de lavado, negó su participación en los hechos y aseguró que los dineros que ingresaron a las cuentas de las empresas petroleras que representa eran de origen lícito porque provenían de la exportación de crudo.
Andrés Vélez, el vocero público de las Auc en Santa Fe de Ralito, les dijo a los fiscales que llegaría hasta el final del proceso judicial. Durante la diligencia les recomendó a los demás involucrados no sucumbir ante la solicitud de los fiscales de reconocer su participación en el delito que se les atribuye.
