NO cabe duda que los cocaleros del distrito puneño de San Gabán no entienden lo que es la agenda nacional. En lugar de quedarse tranquilos en sus parcelas, siguiendo las incidencias del escándalo del cheque del abogado José Marcelo Allemant, primera prioridad nacional según la prensa de espectáculos, se les ocurre tomar por la fuerza la bocatoma de la central hidroeléctrica de San Gabán la mañana del martes 19 y causar pérdidas por un millón de dólares, a decir del Ministerio de Energía y Minas. Campesinos sospechosos de toledismo, además, ya que al protestar violentamente por la erradicación forzada de sus cultivos realizada por la Policía, distrajeron la atención de los temas de corrupción.
Por desgracia, el asunto no puede quedarse en la broma porque revela que en el país existe una agenda real de problemas que reaparecen cada cierto tiempo, como una farsa por entregas. En este caso, los graves incidentes de San Gabán coronan una serie de acciones marcadas por protestas contra la autoridad y manifestaciones de violencia, de distinto grado y origen, que grafican un profundo descontento que no es registrado por la opinión pública ni, peor aún, por la clase política, con la atención requerida. Para muestra un botón: solamente cuatro días antes, el viernes 15, un desalojo policial en el mercado de frutas del limeño distrito de La Victoria dejó más de 20 policías heridos y cerca de 200 detenidos producto de una batalla campal en la que abundaron las armas de fuego en manos de civiles que se resistían a acatar una orden judicial. Actuaban como si estuviesen inspirados en el ejemplo del congresista González, quien agredió impunemente a una secretaria del juzgado y a los policías que la acompañaban, al resistirse flagrantemente a una orden judicial en el Estadio Monumental del club Universitario de Deportes.
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La batala campal dejó policías heridos por perdigones (izq) y bala (der).
EL ESTALLIDO DE SAN GABÁN
El caso del distrito San Gabán, sin embargo, fue muy distinto. En contra de lo que pudiese pensarse, los campesinos de la zona y sus autoridades no habían actuado recientemente como sus pares de Ilave, que alcanzaron triste celebridad al ajusticiar a su alcalde en abril pasado. Tampoco habían hecho noticia por amenazas de marchas forzadas como la de los campesinos de Quillabamba. El detonante fue el inicio de la erradicación de cultivos de hoja de coca en la zona, como parte de un programa nacional impulsado por Devida y Dinandro. Un informe interno de Devida, al que tuvo acceso CARETAS, sostiene que la zona ha sufrido en el último quinquenio un crecimiento sostenido del cultivo de la llamada coca joven (plantas de entre tres y cinco años) en condiciones tecnificadas y de muy alta productividad. Los pobladores de la zona, de acuerdo al documento, han ido abandonando progresivamente otras actividades económicas como la extracción artesanal de oro, la tala ilegal de madera y el cultivo de maíz duro y frutas. El precio de la arroba de coca alcanza los 130 soles, cifra más cara que la de otras regiones.
En esas condiciones, era previsible que el Estado iniciase un esfuerzo de erradicación, pero, aún así, fuentes de Devida reconocen que la Policía se excedió en el uso de la violencia contra los campesinos afectando sus escasos recursos más allá de cultivo ilegal de coca. Mientras tanto, fuentes de la Policía cargan las tintas contra Devida por la ausencia de una verdadera estrategia de desarrollo alternativo para la zona que sirviese de marco para su intervención.
¿Qué ocurrió entonces el martes 19? Lo que se preveía: un estallido de violencia en el que entre 800 y 1,500 campesinos cocaleros tomaron las instalaciones de la central hidroeléctrica destruyendo la bocatoma y dejándola sin funcionamiento. Simultáneamente, cerraron el acceso a la mina San Rafael, en el distrito de Antauta (Melgar). Los 85 policías que custodiaban la central fueron desbordados por las masas, produciéndose al final tres muertos y numerosos heridos. El gobierno decretó el estado de emergencia en dos distritos de las provincias de Carabaya y Melgar, y envió refuerzos policiales a la zona.
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El ministro Reátegui ha visto que a la Policía no se le respeta mucho. Al lado, poza de maceración descubierta durante cuestionada incursión en San Gabán (Puno).
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No obstante, esta reacción fue muy tardía, porque desde días antes de los sucesos diversas autoridades locales puneñas y organizaciones trabajando en la zona, como Servicios Educativos Rurales (SER), venían advirtiendo sobre lo que podía ocurrir si se continuaba con desproporcionadas erradicaciones forzadas sin tomar en cuenta a la población. CARETAS entrevistó a los alcaldes provinciales Michel Poitier (Carabaya) y Enrique Quilla (Sandia), quienes coincidieron en pedir que se «suspenda los operativos de erradicación forzosa hasta que se instale la mesa de diálogo». Poitier añadió: «Nils Ericsson nos ha dicho que no tiene presupuesto para los cultivos alternativos y que la coca en su totalidad debe ser erradicada. Eso sólo va a traer más atraso a la región».
Las provincias de Carabaya y Sandia, limítrofes con Madre de Dios, son mayoritariamente agrícolas y marcadas por la extrema pobreza. Diversos indicios confirman que la expansión de los cultivos de coca ha atraído a campesinos pobres de las zonas altas, pero también ha convocado a actores claramente identificables con el narcotráfico como los habilitadores de dinero en efectivo, en un paisaje claramente pauperizado. Por suerte, no hay pruebas de presencia del senderismo u otros grupos violentistas en la zona, como han deslizado algunos funcionarios del gobierno con irresponsable ligereza.
La situación es difícil porque el Ejecutivo no puede ceder en sus compromisos de erradicación, claramente establecidos con los Estados Unidos, pero tampoco puede echar gasolina a una de las zonas más pobres del país. Las autoridades puneñas, incluyendo a los parlamentarios, han cerrado filas exigiendo una mesa de diálogo. Bien haría el gobierno en pensar en negociar ahora que aún tiene interlocutores democráticos al frente.
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Instalaciones de la Central de San Gabán ocupadas por campesinos cocaleros. Al lado: Carabaya y Sandia no habían tenido hasta ahora grandes brotes de violencia.
LA GUERRA DE LA FRUTA
El rumor empezó a correr aproximadamente a las siete de la mañana del viernes 15. Poco a poco, las peores caras bajaban del cerro El Pino, peligrosa zona ubicada a espaldas del Mercado de Frutas No 2 en La Victoria. Sus estimados de ventas mensuales son de S/. 700 millones. De él dependen 3,600 trabajadores.
«Muchos decíamos que de algo hay que morir, pues no podíamos dejar de trabajar», dijo Teolindo Cienfuegos More (49), uno de los concesionarios que vende mangos y mandarinas. Tres horas después empezó el desalojo y el humo blanco cubría el terreno. Quedaron cortos los 140 policías enviados para enfrentarse a aproximadamente 200 matones repartidos en el interior y exterior del mercado. La Policía estima que fueron más de 30 quienes cargaban escopetas, colgados de los muros y apuntando a los agentes. Los periodistas también fueron agredidos, les robaron cámaras y material fotográfico.
Cuando faltaba poco para la una de la tarde terminó el choque. Los refuerzos policiales sumaron 240. Capturaron a 187 maleantes que luego fueron denunciados por la 23a Fiscalía Provincial Penal a cargo del doctor Luciano Alpiste por el delito contra la administración pública en la modalidad de violencia y resistencia a la autoridad agravada y contra la seguridad pública- disturbios y asociación ilícita para delinquir. Otras 23 personas fueron denunciadas por tenencia ilegal de armas.
Al cierre de esta edición permanecían graves los policías Luis Condo Montealegre (28) y Ricardo Gutiérrez (37). El primero estaba a punto de perder la vista en los dos ojos y el segundo ya la había perdido en uno. Otros 25 efectivos heridos fueron internados en el hospital policial.
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Radiografía del cráneo de un periodista atacado con perdigones en el Mercado de Frutas.
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Inaugurado en 1957, el establecimiento pasó a manos de los comerciantes por la Ley de Privatización de Mercados Públicos en 1996. En 1998 se creó la Comisión Transitoria de Privatización que formalizó la situación unos años después, el 5 de agosto del 2000. El dictamen del Tribunal Constitucional estipuló la injerencia del Concejo de Lima y excluyó al de La Victoria, con el cual sostienen hasta la fecha procesos judiciales. Recientemente, el Consejo de Administración del Mercado expulsó a dos de sus miembros por considerarlos testaferros del alcalde Alejandro Bazán.
Entre los portadores de armas detenidos se encuentra Wilfredo Arana Gutiérrez; hasta el viernes 15 último era presidente transitorio de la administración del Mercado de Frutas. Todo indica que fue Arana, a cargo de la administración desde el mencionado dictamen del TC, quien trajo a los delincuentes. Buscaba evitar que asuma el cargo Willi Cuadros, su vicepresidente y quien denunció desfalcos de dinero desde inicios del 2003. Fue por esta razón que Arana destituyó a Cuadros y comenzó un juicio en la Tercera Sala Civil de la Corte de Lima. El proceso produjo la medida cautelar a favor de Cuadros y motivó el caótico desalojo del viernes 15, que ni siquiera contó con un fiscal en el momento de la intervención. Una representante del Ministerio Público se hizo presente cuando los desórdenes estallaron. Fuentes de la administración del Mercado insisten en vincular a Cuadros con el alcalde Bazán. Varios de los arrestados denunciaron haber sido torturados en Palacio de Justicia y Seguridad del Estado. Entre éstos estaría el propio Arana.
Vistos en conjunto, a pesar de sus obvias diferencias, los sucesos de San Gabán y del Mercado de Frutas ponen en el tapete una combinación poco democrática de la prepotencia y el desacato a la autoridad legítima. Como si la violencia en el país estuviese hoy inspirada en una especie de Pensamiento González, pedestremente formulado por el indescriptible congresista de la U.
