Al expresar su posición contra la posibilidad de adelantar reformas legales que hagan posible la pena de muerte, el presidente mexicano Vicente Fox ha demostrado que no es un simple gobernante sino un estadista.
En México como en Guatemala, Brasil, Venezuela, Colombia y Argentina, el secuestro muestra un crecimiento alarmante, al igual que otras manifestaciones delictivas. Esta situación ha tenido consecuencias políticas. Los ciudadanos han salido a la calle en masa a reclamar un cese a la violencia hamponil.
Algunos legisladores han creído ver en esto la oportunidad para ganar notoriedad, y han propuesto una reforma a la ley procesal penal mexicana para colocar el secuestro al mismo nivel que la tradición a la patria, y en consecuencia los responsables del primer delito serían condenables con la pena capital.
Sucedió entonces algo insólito: el Procurador General Rafael Macedo declaró que es necesario “retomar el análisis y valorar” la viabilidad de este tipo de sanciones para los plagios. Y de seguidas el Subprocurador de Derechos Humanos Mario Alvarez salió en su defensa y afirmó que tal posibilidad no podía ser descartada del todo. ¡El funcionario que se supone es llamado a defender el derecho fundamental, como es la vida, sugiriendo que la pena de muerte es una posibilidad!
En ese punto el presidente mexicano ha sido coherente en extremo. Pudo quedarse callado, pues el clima de opinión general no lo favorecía. Y es lógico, pues la gente ve en sus gobernantes si no una parte del problema por lo menos una buena parte del estancamiento en la búsqueda de soluciones al asunto de la delincuencia.
Pero el mandatario reiteró sus puntos de vista contra la pena capital: “Realmente el problema es de eficacia, el problema es que debemos de detener a los delincuentes… (y) no los estamos deteniendo con la eficacia que se requiere”.
México es uno de los pocos países latinoamericanos donde es posible aplicar la pena de muerte a los sentenciados por delitos como parricidio y traición a la patria. Paradójicamente, es signatario de tratados internacionales de derechos humanos que impiden su aplicación. El presidente Fox ha tratado de eliminar esta contradicción promoviendo una reforma legal que anule de una vez por todas la posibilidad de los ajusticiamientos.
Pero esta iniciativa no ha cuajado, pues como suele suceder en estas latitudes lo urgente suele estar por encima de lo verdaderamente importante. Pareciera que, a pesar de las multitudinarias protestas, Fox no está dispuesto a dar su brazo a torcer. Esto para el bien de los mexicanos, y también para el resto de los países vecinos. Políticos oportunistas hay en todos, no así individuos con una clara conciencia de lo que una decisión de esta magnitud pueda traer para la sociedad.
