Abel Sardiña
Río de Janeiro, 24 oct (PL) Los defensores de prohibir la venta de armas en Brasil analizan hoy las causas de la derrota sufrida ayer en el referéndum sobre el tema y nuevas acciones para enfrentar la violencia y fortalecer la seguridad ciudadana.
Contabilizadas el 99 por ciento de las urnas, esta madrugada la opción por el NO a la prohibición acumulaba 63.9 por ciento de los votos válidos frente a 36.1 por el SI, muy por encima de los pronósticos de las últimas encuestas.
En 20 días de campaña de los frentes parlamentarios que abogaban a favor de una u otra opción, se registró un cambio aplastante en la opinión de los electores, que antes eran partidarios de la prohibición en niveles de 70-80 por ciento.
La vicepresidenta del Frente Parlamentario Brasil sin Armas, diputada Jandira Feghali, reconoció anoche que no fueron capaces de reaccionar a la campaña de distorsiones y falsedades de los defensores del no.
Agregó que ahora debe lucharse por la plena aplicación del Estatuto del Desarme aprobado en diciembre del 2003, el cual «establece importantes restricciones para el comercio de armas».
«Tenemos que demandar de los poderes públicos la aplicación del Estatuto y la liberación de recursos para el combate al tráfico de armas», puntualizó en declaraciones a la cadena radial CBN.
Y el presidente de este frente, diputado Raúl Jungman, dijo que ahora es necesario luchar por terminar de implementar el Sistema Unico de Seguridad Pública (SUSP) creado por el Ministerio de Justicia, a fin de garantizar más recursos para esa área.
Señaló que el SUSP es piedra angular y está paralizado, por lo que debe ser concluido y reglamentado, y consideró que para las elecciones presidenciales del próximo año los candidatos deberán comprometerse a aplicar recursos e identificar una política pública para reducir la violencia.
Según Jungman, quien quiera ganar las elecciones para Presidente de la República o gobernador estadual, además de un hombre limpio y ético, «tiene que ser, sobre todo, alguien que de respuestas a las cuestiones de la seguridad y la violencia».
La politóloga Raquel Boing Marinucci, de la Universidad de Brasilia, opinó que los partidarios del SI fallaron al permitir que su campaña fuese rotulada de elitista, por el uso de actores consagrados, mientras el frente del NO utilizaba a gente simple del pueblo.
Además, la tesis de aquellos de que votar por prohibir la venta de armas era renunciar a un derecho, no fue debidamente contestada con el argumento de que los pobres no pueden hacer uso de ese derecho, por el alto costo que representa tener una.
El referéndum sacó a relucir las diversas posiciones en ese tema y respecto a la violencia. Aunque no existía una opción izquierda-derecha en la consulta, en general las fuerzas progresistas se alinearon junto al SI a la prohibición y las más conservadoras optaron por el NO.
Así, el presidente Luiz Inacio Lula da Silva dijo que votó SI porque «una persona común con un arma en la mano no da seguridad», aunque aclaró que «la voluntad del pueblo es soberana».
En cambio, el alcalde de esta ciudad, César Maia, del derechista Partido Frente Liberal (PFL), votó NO y alegó que «en lugares con índices de violencia elevados como Río de Janeiro, el uso del arma es necesario para la autodefensa».
La gobernadora estadual de Río, Rosinha Matheus, votó SI, pero dijo que el referéndum fue un equívoco, pues involucra cuestiones emocionales, y por ello estimó que el gobierno federal debería haber elaborado un proyecto de ley para prohibir ese comercio.
Otros -incluidas personalidades y organizaciones- han dicho que la realización de este referéndum abre el camino para repetir esa expresión de democracia popular respecto a otras cuestiones de interés nacional.
La consulta popular fue dispuesta por el Estatuto del Desarme, el cual establece severas restricciones para la tenencia y porte de armas y elevadas penas para quienes violen sus disposiciones.
No obstante, estuvo en peligro de no poder realizarse en la fecha prevista, por las fuertes presiones de los diputados que responden a los intereses de la industria bélica (la bancada de las armas), que ahora actuaron unidos en la campaña por el NO.
El Estatuto también dispuso una campaña de recolección de armas, a cambio de una indemnización, que se inició en julio del 2004 con la meta de recoger 80 mil, y el último dato ofrecido indica que fueron entregadas 443 mil, o sea cinco y media veces más.
A esta campaña se atribuyó recientemente la disminución de cinco mil 500 muertes por armas de fuego el pasado año, en un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas para Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO) junto con los ministerios de Salud y Justicia.
Otros estudios indican que los brasileños corren cuatro veces más riesgo de morir por arma de fuego que la media de otros países y que con 2,8 por ciento de la población mundial, esta nación tiene 11 por ciento de los homicidios por esa causa en el orbe.
En resumen, los partidarios del desarme lograron la aprobación del Estatuto, el éxito en la entrega de armas por los ciudadanos y la derrota de los enemigos del referéndum, pero no fueron capaces de convencer a los ciudadanos de la justeza de su posición, y el debate seguirá abierto.
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