En la segunda semana de febrero, el Embajador de Colombia en Estados Unidos, Andrés Pastrana, llegó puntual a una reunión a la que fue convocado por el fiscal general estadounidense, Alberto González.
En la espaciosa y moderna oficina de González, situada a pocos pasos de la Casa Blanca, el ex mandatario colombiano fue enterado en detalle de la drástica decisión que estaban a punto de tomar los departamentos de Estado y de Justicia contra medio centenar de guerrilleros de las Farc, incluidos el Secretariado y gran parte de su Estado Mayor.
González le explicó a Pastrana que los organismos de investigación estadounidenses habían culminado una larga tarea que había producido como resultado la obtención de pruebas contundentes contra los comandantes de las Farc, que serían acusados de estar al frente de un poderoso cartel del narcotráfico.
El Embajador guardó el secreto, pero encontró en una inesperada visita a Bogotá la oportunidad para contarle al presidente Álvaro Uribe los alcances de la estrategia que la administración de George Bush se proponía emprender contra el principal grupo subversivo colombiano. En efecto, Pastrana llegó a la capital en la tercera semana de febrero para coordinar el viaje de Uribe a Washington con motivo del cierre de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Al tiempo que la apretada agenda en la capital estadounidense acaparó todo el tiempo de la delegación colombiana –encabezada por Uribe, Pastrana y varios ministros, entre otros–, en los departamentos de Estado y Justicia ultimaban los pormenores de la declaración de guerra contra la Farc.
La acusación
Finalmente, y en medio del mayor sigilo, el 1 de marzo el Departamento de Justicia radicó en la Corte Federal del Distrito de Columbia una acusación contra 50 líderes de las Farc, tres de los cuales están detenidos en la cárcel de Cómbita, Boyacá (ver recuadro).
De acuerdo con el documento que contiene la imputación, el grupo guerrillero produce en la actualidad más del 50% de la cocaína del mundo y más del 60% de la que entra a Estados Unidos. También precisa que las Farc les cobraban impuesto a narcotraficantes involucrados en la producción y distribución de la cocaína producida en áreas controladas por sus columnas, pero que desde 1990 asumieron la producción y distribución del alcaloide. «Reconociendo que la cocaína era la fuente de vida de las Farc –dice el expediente radicado en la Corte–, sus líderes acusados recolectaron millones de dólares en ganancias producto de la cocaína, y utilizaron ese dinero para comprar armas para las actividades terroristas contra el Gobierno y el pueblo de Colombia».
«Esta acusación golpea el corazón de las operaciones de narcotráfico de las Farc.» Alberto González, fiscal de EE.UU.
El indictment que contiene la acusación describe la manera cruel como los guerrilleros ejecutaban –de acuerdo con las instrucciones de sus comandantes– a los campesinos que violaban las reglas impuestas por las Farc para la compra y venta de la pasta de coca. «(…) fueron fusilados, apuñalados o desmembrados y sus cuerpos fueron abiertos, llenados con piedras y tirados a ríos cercanos».
Finalmente, el Departamento de Justicia señala que los comandantes del grupo alzado en armas les dieron la orden a sus hombres de secuestrar y asesinar a ciudadanos estadounidenses, así como de derribar aviones de aspersión aérea y atacar a funcionarios de la administración de Justicia que los investigaban.
Al mismo tiempo, el Departamento de Estado estableció otro plan de recompensas de hasta 75 millones de dólares por información sobre 24 de los 50 jefes de las Farc acusados de narcotráfico. En tal sentido, se ofrecen cinco millones de dólares por el paradero de cada uno de los siete miembros del Secretariado y 2.5 millones por los 17 líderes del Estado Mayor.
El asunto fue mantenido en reserva hasta la semana pasada, cuando el fiscal González y otros altos funcionarios convocaron una rueda de prensa en la que anunciaron la acusación contra las Farc por tráfico de cocaína y el nuevo monto de las recompensas. «Esta acusación golpea al corazón de las operaciones de narcotráfico de las Farc, que han inundado nuestras comunidades con cocaína –dijo el fiscal estadounidense–. Debido a la cooperación con las autoridades colombianas, estamos cada vez más cerca de alcanzar nuestra meta de llevar a los líderes de este grupo narcoterrorista a la Justicia».
La tres razones
También intervino la fiscal adjunta de la División Criminal, Alice Fisher, quien agregó que «la implacable búsqueda de estos asesinos narcoterroristas es importante para proteger a los ciudadanos del flagelo de la cocaína y de otras drogas». No menos dura fue la funcionaria de la DEA Karen Tandy, quien aseguró que «desde su escondite en la selva, las Farc utilizan el comercio de drogas para apoyar el terrorismo, financiar ataques a ciudadanos inocentes y envenenar estadounidenses».
Una vez se conoció el señalamiento de 50 comandantes de las Farc como miembros de un poderoso cartel de la droga, en Colombia varios analistas se refirieron con escepticismo a la acusación y señalaron que de tiempo atrás el grupo guerrillero había sido acusado por Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico.
Sin embargo, CAMBIO indagó en fuentes estadounidenses y colombianas y estableció al menos tres motivos por los cuales la administración Bush decidió jugarse esta carta contra las Farc.
Estados Unidos tiene informes confiables de que los tres militares secuestrados están muertos.
El primero tendría que ver con los tres contratistas estadounidenses –Keith Stancell, Mark Goncalves y Tom Howes– secuestrados en Caquetá en febrero de 2003. De acuerdo con las fuentes consultadas, las autoridades estadounidenses le dan veracidad al testimonio de dos informantes que aseguran que los militares sí están muertos. «Si esta hipótesis es cierta, la Casa Blanca estaría tratando de mostrar mano fuerte ante las Farc para mitigar el costo político de perder a tres ciudadanos en un país que recibe muchos millones de dólares en ayuda», explicó a CAMBIO una fuente en Washington.
El segundo estaría relacionado con la intención de las Farc de ayudarle a Álvaro Leyva en sus aspiraciones presidenciales. En efecto, los investigadores saben que los guerrilleros están dispuestos a liberar a cuentagotas a algunos secuestrados y entregárselos a Leyva. Todo indica que después de la entrega de dos policías se produciría la liberación de algunos diputados de la Asamblea del Valle. «No se trata de torpedear esas entregas –dijo otra fuente–. De lo que se trata es de que la opinión entienda que las Farc tienen una agenda propia en materia política y Leyva encaja en ella».
La tercera razón por la cual Washington habría decidido radicalizar su posición frente a las Farc sería la de ponerlas contra la pared y obligarlas a negociar con el Gobierno. «El nuevo programa de recompensas y el fantasma de la extradición de tanta gente puede causar estragos –señaló la fuente de Washington–. Es una apuesta arriesgada ante una organización que tiene a la selva como seguro, pero los tiempos cambian…»
Con todo, las medidas anunciadas por los departamentos de Estado y Justicia contra la cúpula de las Farc agrega un nuevo ingrediente al conflicto interno de Colombia. Sin importar las motivaciones de Washington para haber hecho esta movida, lo cierto es que a los jefes del grupo guerrillero más antiguo del mundo se les va a dificultar aún más moverse a sus anchas como hasta ahora.
Los siete miembros del Secretariado y los 17 del Estado Mayor fueon acusados por la Corte del Distrito de Columbia.
Rumbo a EE.UU.
Estos son los tres guerrilleros de las Farc recluidos en Cómbita a los que se refirió el fiscal de Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia estudia peticiones de extradición de varias cortes estadounidenses.
– Juan José Martínez Vega, Gentil Alvis Patiño o Chigüiro, «suministró grandes cantidades de armas y municiones para las Farc a cambio de miles de kilos de cocaína». Fue detenido en Venezuela a principios de 2005 durante el rescate de la madre de Ugueth Urbina, ex pitcher de los Detroit Tigers. Fue extraditado a Colombia.
-Jorge Enrique Rodríguez Mendieta, Iván Vargas, fue miembro del Estado Mayor de las Farc y comandante de su frente 24. Al parecer dirigió la compra de «cientos de miles de kilos de pasta de coca y transfirió miles de millones de pesos en ganancias de la cocaína a otros líderes de las Farc». Fue capturado en octubre de 2004 en Santander.
– Erminso Cuevas Cabrera, Mincho, fue miembro de las Farc, manejaba los laboratorios del frente 14 y supervisó «la producción y distribución de cientos de miles de kilos de cocaína». Cayó en Ibagué en diciembre de 2004.
