La Alcabala nació como un impuesto que cobraba el Reino de Castilla, se trasladó a las colonias americanas junto con los primeros Adelantados a principios del siglo XVI, su fin era gravar las operaciones comerciales, el transporte de bienes y mercancías. Fueron los árabes quienes trajeron la idea, mientras dominaban parte de la península ibérica, su aplicación se registra en Castilla la Vieja desde el siglo XI. El rey Alfonso XI El Justiciero (1311-1350) introdujo un tributo del 5% sobre las compraventas realizadas, había creado el primer “I.V.A.” del mundo. Enrique III (1390-1406), apreciando las bondades lo incrementó al 10% obligando al pagarlo al vendedor (Indudable precursor del SENIAT).
La figura llegó al Virreinato de Nueva España (México) en 1574 y en 1591 al Virreinato del Perú, donde ocurrió una rebelión por su uso abusivo, que obligó al virrey García Hurtado de Mendoza a someter la insurgencia que la historia denominó, la rebelión de las alcabalas. Como había que controlar qué pasaba legalmente por el embudo impositivo y qué era contrabando o evasión, rápidamente se establecieron en los caminos reales puestos armados que aseguraban el tributo. Aunque no guste mucho aceptarlo, de allí vienen nuestras alcabalas de carreteras, que fueron utilizadas indiscriminadamente durante largo tiempo, para fines políticos, policiales y de vulgar “matraqueo”.
El Director Nacional de Protección Civil (PC), Coronel Antonio Rivero, solicitó a gobernaciones, alcaldías y organismos de vigilancia, intensificar los controles de velocidad en las diferentes vías del país, para evitar los accidentes de tránsito. Evidentemente que el funcionario no sabe que las alcabalas no consiguen ese objetivo y sólo se convierten en tapones de la fluidez del tránsito, pues de manera alguna pueden lograr que los conductores disminuyan la velocidad cuando no está la autoridad frente a ellos. Ocurre todo lo contrario, al dejarla atrás, con más vehemencia los irresponsables aprietan su acelerador.
La compulsividad de las alcabalas, es un remedo de las dolorosas experiencias de tiempos pasados en la Europa fascista y posteriormente la versión comunista, en Venezuela sin duda posible, con su instalación se violenta la constitución cuando se afecta el libre tránsito, todo esto debido a la naturaleza inquisitiva del sistema, que no ha asimilado que la regla es la presunción de inocencia, aun en materia de tránsito terrestre. Claro está que los conductores, son en gran medida irresponsables e incumplen con las normas de tránsito y esto debe atacarse con toda severidad, pero la práctica demuestra que no ocurre tal como debería. Se manejan medidas de control ineficaces y se desperdicia el esfuerzo de millares de funcionarios.
El lunes de carnaval desde Barquisimeto a Carora, habían 16 alcabalas, al mando de diversos organismos de seguridad, cada vez que el conductor se acerca a alguna de ellas baja la velocidad, pone su mejor cara de “yo no fui”, esperando que no le digan “párate ahí”, para empezar con el calvario al que en alguna estación le faltará el triángulo de seguridad o el certificado médico al día. Fue positivo que un grupo de policías entregara un tríptico en El Rodeo, con recomendaciones útiles, pero ni esto ni todos los uniformados juntos, impedirán el criminal exceso de velocidad y las maniobras arriesgadas, tampoco evitarán los huecos en la vía capaces de producir accidentes devastadores.
Los conductores de carros, camiones y autobuses, a falta total de control efectivo en las carreteras, se han convertido en criminales en potencia y las estadísticas lo confirman. La misión que cumplen los cuerpos de seguridad, en irracionales plantones a la intemperie, es una pérdida dolorosa de esfuerzos del personal asignado, que bien podría cumplir un cometido útil, si se orientaran sus labores en una forma más tecnificada.
Cualquier manager de béisbol cuenta con un velocímetro digital, que permite registrar con exactitud la velocidad de un lanzamiento, si ese instrumento estuviera popularizado en los organismo que operan en carreteras, la situación sería bien distinta, pues podrían destacarse funcionarios discretamente ubicados para que registren los abusos, reportándolos por radio o celular a un punto de control inmediato, en el cual se detendría al infractor con la prueba necesaria.
Adicionalmente el INTTT podría contratar carros particulares con su propietario como chofer, acompañado por un funcionario que de igual manera registrara las maniobras irresponsables cometidas por los conductores, que terminan enlutando al país diariamente. Un equipo de estas características puede registrar y reportar 40 infracciones por turno de ocho horas, con lo cual las multas de 10 unidades tributarias (Bs.336.000,00) serían más que suficientes cubrir los costos y dejar un importante rédito para financiar la seguridad vial tecnifica en todo el país.
En la Alcabala de Atarigua, un importante punto de control de la Lara Zulia, no poseen radio y los celulares no captan señal, siendo esto una incongruencia, pues los funcionarios no tienen el necesario soporte técnico para cumplir con su misión. El respeto a la Ley está estrechamente relacionado a la posibilidad de recibir una sanción y no las buenas intenciones, lamentablemente en las carreteras y autopistas nacionales, eso es prácticamente imposible de solucionar, de manera que la norma es la violencia absoluta a todo ordenamiento establecido.
En Europa o USA, no hay alcabalas, la gente conduce prudentemente y respeta las normas, pero los sistemas de control son verdaderamente efectivos, no se trata de que ellos son más cumplidores que nosotros, sino de que están concientes que si faltan serán localizados y sancionados. Vale la pena analizar la conducta del venezolano cuando conduce en USA, pues respeta las normas igual que los nativos, no se trata de un lavado de cerebro en inglés, apenas es un elemental sentido de supervivencia en un sistema de controles efectivos.
Con la millonaria suma dilapida en un grotesco muñeco de carnaval, se hubieran podido comprar los equipos para poner en practica un sistema de control de velocidad tecnológicamente seguro, con el aprovechamiento integral del recurso humano, pero el delirio permitió que en lugar de un destino provechoso que ahorrara vidas, esos fondos sirvieran para mancillar la figura inmarcesible del Libertador, que debe ser de obligado respeto, aun para los “bolivarianos”, quienes parecieran habérsela apropiado.
