La relación de causalidad entre el funcionamiento de las casas de juego y la delincuencia aún no ha sido demostrada con rigor científico. Esta noción, sin embargo, ha sido reforzada durante años a través de películas y novelas, así como también por la evidencia histórica según la cual el gran emporio del juego estadounidense (Las Vegas) fue desarrollado en sus etapas iniciales por elementos del crimen organizado.
Ronald Farrell y Carole Case recordaron en la obra El libro negro y la mafia (1995) que el primer casino creado en esa ciudad, el Meadows, fue construido y pertenecía a Tony Cornero, alias el Almirante, “un reputado criminal que era bien conocido por haber operado barcos de juego fuera de la costa de Los Angeles”. Luego de la Segunda Guerra Mundial el enclave del desierto de Nevada era “territorio abierto” para socios de la mafia y “hombres de honor” procedentes de California, Nueva York, Illinois y otras regiones como Benjamin Siegel, Frank Costello, Meyer Lansky, Tony Accardo, Morris Dalitz y otros. Esta realidad nutría los relatos de ficción, y ambos hacían lo propio con el imaginario popular.
Desde entonces, los casinos y las demás modalidades de los juegos de azar se han convertido en empresas altamente reguladas, no sólo en lo referente a sus aspectos financieros sino también en lo relativo asuntos como el tipo de establecimiento, los sistemas de seguridad que debe poseer y cuáles son las personas calificadas para tener una empresa de ese tipo.
Este pareciera ser un factor disuasivo para el uso de tales establecimientos como herramienta para violar la ley por parte de sus propietarios. Sin embargo, queda la interrogante en torno a la llamada teoría del “punto caliente”, según la cual los casinos constituyen un atractivo para delincuentes de todo tipo que intentan obtener por cualquier vía una tajada del dinero que fluye en forma incensante de los jugadores a las máquinas tragamonedas y a las mesas ruleta o póker.
Nicholas Pileggi (1996) lo describió en estos términos: “Tratar de ganarle al casino –a través de una victoria milagrosa o, alternativamente, a través del método más confiable de ser un hampón- es lo que trae a todos a esta ciudad (Las Vegas)”.
La Asociación del Juego Americano (American Gamming Association), sin embargo, le salió al paso a esta noción, señalando que “las comunidades con casinos son tan seguras como las que no los tienen”.
Esta organización, que representa a los empresarios del juego en Estados Unidos, admitió que la “evidencia anecdótica y el mito popular han perpetuado los señalamientos de los oponentes del juego en cuanto a que la introducción de los casinos han ocasionado un incremento en el crimen callejero”, pero aclaró que los estudios más recientes, así como los testimonios de los agentes de aplicación de la ley “refutan” tales afirmaciones.
Uno podría pensar con razón que esta es una opinión parcializada. Pero los juicios en contrario –aquellos que establecen una relación directa entre las empresas del juego y la delincuencia- incurren en importantes omisiones que sientan las bases para una duda razonable. Chad Hills, por ejemplo, indicó en 1997 que en Minnesota los condados con casinos tuvieron una aceleración del índice delictivo durante 6 años 100% superior a la de los condados que no tenían estas empresas. Esta afirmación se sustentó en una investigación adelantada por el diario Minneapolis Star Tribune, que no fue corroborada por ninguna institución oficial. Pero en el año 2000 un informe de la Comisión del Sector Público para el Estudio del Juego concluyó que no se puede establecer ningún enlace entre las empresas de apuestas, “particularmente del estilo de los casinos, y el crimen”.
El Instituto Nacional de Justicia, una entidad adscrita al Departamento de Justicia estadounidense, abordó el asunto de otra forma. Luego de hacer una investigación en los datos estadísticos de las poblaciones reclusas de Las Vegas y Des Moines determinó que más del 30 por ciento de los jugadores compulsivos arrestados reconocieron haber cometido al menos un robo durante el último año. En ellos, los delitos contra la propiedad eran frecuentemente un medio para cancelar deudas adquiridas a través de las apuestas. Esto implica, entonces, que los jugadores compulsivos constituyen una “población en riesgo” que debe ser controlada o alejada de los casinos y otros establecimientos vinculados al juego de azar.
La incertidumbre sobre el efecto de los casinos en la criminalidad continúa. Pero si de algo podemos estar seguros es de la multiplicación de tales establecimientos en espacios que anteriormente eran destinados a actividades de otro tipo. Las estadísticas son pocas, pero en Estados Unidos más de 25 regiones han aprobado leyes que permiten la instalación de estas empresas, pues ven en ella un mecanismo para aliviar las tensiones presupuestarias. Una evidencia más de que, tal y como decía Pileggi, “los casinos significan dinero”.
