Si nos atenemos a lo dispuesto en el acuerdo de Santa Fe de Ralito, aprobado en 2002 por representantes del gobierno colombiano y de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares solamente ha tenido un éxito parcial.
El texto aprobado por el Alto Comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo y la plana mayor de las AUC (Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, Hernán Hernández y otros) señalaba en su segundo párrafo que los irregulares se comprometían “a desmovilizar a la totalidad de sus miembros, en un proceso gradual que comenzará con las primeras desmovilizaciones antes de terminar el presente año (2002) y que deberá culminar a más tardar el 31 de diciembre de 2005”.
Pero esta meta no fue cumplida. Desde entonces hasta el fin de 2005 han entregado sus armas 13 mil 43 miembros de los grupos paramilitares, en 21 actos públicos que han contado con la supervisión de las autoridades neogranadinas y de la Organización de Naciones Unidas. Si suponemos que la organización no ha reclutado a nuevos individuos, faltarían aproximadamente 8 mil personas por desmovilizarse.
Los paramilitares están en deuda. No obstante, en descargo de ellos, se puede señalar que ello ha sucedido en parte por la dificultad de encontrar alternativas para reincorporarse a la vida civil y contribuir al fortalecimiento del estado de derecho, tal y como lo indica el artículo 1 del acuerdo de Ralito.
No es fácil desmontar todo el aparataje destinado a impartir violencia durante más de 20 años. En ese lapso, los paramilitares no sólo han cometido terribles violaciones a los derechos humanos sino que también se han involucrado en delitos que hacen perseguibles a muchos de sus máximos líderes por las autoridades de Estados Unidos y países europeos. Estos son los casos de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, y de Carlos Báez, involucrados en expedientes por tráfico de drogas.
A veces estos procesos no admiten plazos, tal y como lo demuestra la prolongada experiencia centroamericana. Este tiempo podría prolongarse, a pesar de lo indicado en el convenio de 2002, debido a múltiples factores. Entre los más importantes figura la posibilidad de que algunos líderes de las AUC sean aceptados en el juego político “legal”, garantizando las condiciones para que puedan aspirar a cargos electivos, tal y como sucedió en su momento con los máximos representantes del M-19.
También es importante que el estado colombiano haga lo conducente para contener a los otros factores de violencia que motivaron el surgimiento de los grupos paramilitares. Actualmente se desarrolla una auspiciosa negociación de paz con el Ejército de Liberación Nacional en La Habana. Pero en esta tarea el camino apenas comienza.
En cambio, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) las esperanzas de llegar a un cese de las hostilidades en el corto plazo son realmente escasas. En 2005, luego de haber perdido espacios por más de año y medio, este grupo se vio fortalecido por factores que todavía no están del todo claros. Esta vigorización se tradujo en importantes golpes a las fuerzas militares y policiales neogranadinas, entre ellas la llamada masacre de Vista Hermosa, en la que perdieron la vida 29 soldados según el conteo oficial.
En el acuerdo de Santa Fe de Ralito, el gobierno expresó su determinación de fortalecer la “gobernabilidad democrática” y restablecer el “monopolio de la fuerza por parte del Estado”. Para llegar a eso no basta con que los paramilitares entreguen sus armas. Es necesario también generar las condiciones para que los demás factores de violencia política hagan lo mismo. De lo contrario, será inevitable que nazcan nuevas organizaciones al estilo de las AUC o que, como ya se ha visto en sectores de Antioquia, los miembros de este grupo que se habían desmovilizado vayan otra vez a la selva.
A pesar de lo dicho, los números del 2005 son auspiciosos en cuanto a la desmovilización de los paramilitares. Más del 75 por ciento de las entregas de armas se produjeron este año, y los anuncios indican que en 2006 nuevas filas de las AUC se incorporarán a la vida civil. Este ha sido uno de los logros más importantes del presidente Alvaro Uribe, y así lo reconocen en Colombia hasta sus críticos más enconados. Ojalá este esfuerzo no sea en vano.
