La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd) sacó a la luz pública un Manual para la Prevención de los Secuestros, producto de la participación de expertos procedentes de 16 países.
Los primeros ejemplares de esta publicación fueron presentados ante el Fiscal General de Colombia, Mario Iguarán, pues esa nación contribuyó con el financiamiento del proyecto.
La campaña de divulgación de este documento constituye una verdadera oportunidad para las autoridades y funcionarios de los organismos oficiales de Venezuela y otros países latinoamericanos, donde el secuestro en sus diversas modalidades se ha constituido en un verdadero problema de seguridad de Estado.
Según Naciones Unidas, en todo el mundo son secuestradas anualmente unas 10 mil personas. Pero esta cifra es una mera aproximación. Un documento del propio órgano multinacional, emitido en 2003, concluyó luego de aplicar una encuesta en 55 países que los registros eran inexactos debido a que las víctimas se negaban a hacer las denuncias respectivas, y también porque los secuestrados en un importante porcentaje de casos son miembros de organizaciones delictivas.
Un cuadro publicado en el libro El secuestro y la toma de rehenes. ¿Una nueva realidad? (Caracas. CEVI, 2002) indica que 5 de los 8 países donde son reportados más secuestros en el mundo están en Latinoamérica. Son Colombia, México, Brasil, Venezuela y Guatemala.
El interés hacia este tema sube o baja en función del escándalo que ocasione algún caso específico. En Venezuela, por ejemplo, la opinión pública se conmovió por el secuestro y posterior asesinato de los hermanos Faddoul Diab y del conductor de la familia, Miguel Rivas. No obstante, todo el asombro e indignación que eventualmente muestra la población tiene escaso impacto en los estratos de toma de decisiones, debido a la escasa noción sobre la orientación que debe tener una política criminal en la que prevalezcan los aspectos técnicos sobre los meramente ideológicos o partidistas.
Ante tal situación, es menester que la población se organice no sólo para exigir su derecho a gozar de seguridad sino también para tomar las medidas que le permitan disminuir el riesgo de ser víctima de un secuestro.
Esto nos remite a la pregunta sobre quién es secuestrable. No es fácil determinarlo. En países como Colombia, por ejemplo, las llamadas “pescas milagrosas” han disparado las cifras de plagios a niveles sin precedentes. A ello también ha contribuido la práctica de los secuestros express, propia de ambientes urbanos.
Por regla general, las víctimas de secuestros son personas que tienen un ingreso superior al promedio, o desempeñan una función. En otros términos, la riqueza (real o aparente) así como la prominencia social son factores determinantes para saber quién es secuestrable. Muchas personas no toman oportuna conciencia de ello, hasta que se ven obligadas a afrontar una crisis.
Cuando la persona se percata de que puede ser una víctima, ya ha dado el primer paso hacia la prevención. Pero esto no es suficiente. Hay que tomar medidas concretas. La mayoría de los secuestros se inician con la fase de observación y estudio del “objetivo”. Este proceso puede prolongarse de acuerdo con el desenvolvimiento de la persona y el de su entorno familiar.
Hay que estar en alerta ante lo que sucede a nuestro alrededor. Ver quiénes tienen acceso a información sobre nuestra vida privada y rutina cotidiana. Estar pendientes sobre la conducta del personal de vigilancia, amas de llaves o servicios. También podemos revisar nuestros mecanismos de comunicación, y evitar en lo posible llamar la atención mediante la ostentación de riquezas. En sociedades como la nuestra, donde las diferencias económicas son muy marcadas, no es aconsejable exhibirse ante los demás como persona adinerada.
