Luis Gerardo Gabaldón, criminólogo y asesor del Ejecutivo, advirtió que los consejos comunales «parecen mostrar poco interés, gran confusión y poca articulación» para protagonizar el desarme voluntario.
Gabaldón dijo que los comités de seguridad ciudadana de los consejos comunales «son los que menos funcionan», y que la prioridad de estas organizaciones se encamina más hacia la organización de festejos y ejecución de ciertas obras públicas.
La Ley para el Desarme y el Control de Armas y Explosivos establece que los consejos comunales, junto con otros tipos de asociaciones, podrán participar en los planes de desarme voluntario y anónimo.
«Apoyarse en los consejos comunales para el desarme no nos lleva a ningún lado», expresó. Para el criminólogo el problema de fondo es que, a pesar de la aprobación del texto legal, el Ejecutivo carece de una política de desarme así como de una ruta para ejecutar las decisiones. Observa además la contradicción de un gobierno que por una parte habla de desarme y por la otra impulsa la formación de milicias. Igualmente se hace de la vista gorda cuanto un banda armada actúa a pocas cuadras de la sede central de Polinacional y de la UNES.
«El Gobierno está muy consciente de que hay muchos grupos armados que no querrán entrar en este plan», advirtió.
Tolerancia cero. Luis Gerardo Gabaldón fue ponente en un seminario sobre desarme organizado por el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales y el Centro Gumilla. Indicó que los planes de la nación de los últimos 40 años nunca mencionaron la necesidad de disminuir la violencia armada.
Ahora, añadió, el problema se ha hecho más visible pues la gente exhibe las armas y la violencia homicida se ha incrementado. El asesor señaló que para tener éxito en el desarme se requiere llegar a acuerdos mínimos entre todos los sectores de la población.
«Si se hace un plan de desarme sesgado, su mantenimiento no tiene muchas posibilidades», manifestó. Para el experto lo ideal sería aplicar un plan de «tolerancia cero» que saque de las calles la mayor cantidad de armas, pero las altas tasas de criminalidad, la polarización política y el «discurso sobre la revolución» conspiran contra este objetivo. Añadió que es necesario investigar sobre las condiciones en que los agentes policiales y militares son victimizados. De esa forma se sabría si los atacan con la finalidad de robarles el arma o para cometer una venganza.
Recomendó que el Ejecutivo busque un ente externo para determinar si las iniciativas de desarme han tenido efecto. «La propia persona que hace una política no puede evaluarla», concluyó.
En un manifiesto el Centro Gumilla señaló en esta jornada que la amnistía establecida en la nueva ley no ha sido suficientemente delimitada y, según la institución, debe aclararse si opera para el arma y para la persona que cometió un delito con ella.
