El Congreso de Bolivia autorizó un juicio de responsabilidades contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada tras un maratónico debate que concluyó en la madrugada de este jueves.
El caso tiene que ver con los sucesos violentos registrados durante una revuelta popular que terminó con la renuncia del mandatario en octubre del año pasado.
El Parlamento, con el voto de 126 diputados, autorizó a la Corte Suprema llevar a cabo el juicio al final de un debate que duró doce horas.
Es el primer juicio contra un ex jefe de Estado boliviano en la historia de ese país. Sánchez de Lozada se encuentra en Estados Unidos, país al cual viajó luego de presentar su renuncia.
Los ministros también
Los parlamentarios también acordaron incluir en el juicio por «violaciones a derechos y garantías» a los 15 ministros del gabinete de Sánchez de Lozada.
Centenares de manifestantes reunidos frente a la sede del Congreso en La Paz celebraron la decisión.
Cerca de 70 personas murieron y más de 200 resultaron heridas durantes los disturbios de octubre del año pasado que provocaron el fin del gobierno de Sánchez de Lozada.
La aprobación del juicio de responsabilidades requería una mayoría de dos tercios del Parlamento, el cual todavía está bajo el dominio de los partidos que formaron la coalición que apoyaba al gobierno de Sánchez de Lozada.
Sin embargo, se lograron 21 votos más de los dos tercios necesarios.
A un año de la represión
Decenas de civiles murieron en la represión de hace un año.
El 12 de octubre del año pasado, el ejército y la policía comenzaron violentas represalias contra civiles que protestaban en contra de un proyecto de exportación de gas natural promovido por Sánchez de Lozada.
Tras la muerte de decenas de civiles desarmados, los disturbios se generalizaron durante los cinco días siguientes, al punto en que Sánchez de Lozada tuvo que renunciar a la presidencia.
El 17 de octubre pasado, el entonces vicepresidente, Carlos Mesa, asumió la presidencia, dejó sin efecto el proyecto de exportación de gas natural que originó los disturbios y prometió que no habría «ni olvido ni venganza», sino «justicia» por los trágicos sucesos.