El juez militar de Primera Instancia Permanente, mayor (AV) Francisco Soto, imputó, a la media noche de este miércoles, al coronel (GN) Carlos Guerra Camejo y a los comandantes Francisco Martínez Rivas y Luis Gonzáles García, por los delitos contra el decoro militar, tipificados en los artículos 565 y 506 del Código de Justicia Militar.
Los oficiales fueron trasladados al centro de reclusión militar ubicado en el sector de Ramo Verde en la ciudad de Los Teques.
La decisión se conoció luego de concluida la audiencia especial de presentación celebrada en el Juzgado de Primera Instancia Permanente de Maracay, donde fueron trasladados los detenidos el pasado domingo 15 de agosto desde las instalaciones del Comando Regional N. 09 (Core9), con sede en el Amazona, hasta la sede de la Policía Militar en Fuerte Tiuna , antes de ser remitidos a los tribunales militares de Maracay.
El juez, en la audiencia especial, calificó el delito contra el decoro militar, dejando sin efecto la insubordinación y la sublevación pre -calificados por el fiscal militar con competencia nacional, teniente Esaúl Olivar Linares, asignado al caso.
Según se pudo conocer, los tres oficiales implicados en el caso se habrían negado a cumplir una orden impartida por el comandante del Core 9, general de brigada (GN) Gerardo Vivas Venegas, quien ordenó a los oficiales leer a la tropa la normativa emanada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la jornada refrendaría.
Sin embargo, esta tesis fue rebatida por el abogado de la defensa, Maximiliano Fuenmayor Sánchez, quien alega que sus defendidos cumplieron la orden, limitándose sólo a leer el instructivo impartido por el órgano comicial.
Ante esta situación, el general Vivas levantó un informe mediante el cual denuncia a los tres oficiales por desacato a la orden impartida, razón que motivo la precalificación de los delitos anteriormente mencionados.
La defensa, por su parte, introducirá un recurso de apelación en contra de la decisión tomada por el juez para intentar revocar los delitos imputados a sus defendidos pues, a su juicio, se evidencia violación al debido proceso en la detención de los uniformados.
Se espera que el venidero lunes 23 de agosto, la defensa introduzca el recurso de apelación ante la Corte Marcial, instancia judicial militar que en un lapso de tres días debe admitir la solicitud de apelación y en cinco días hábiles se pronunciará sobre la admisión o rechazo de la apelación.
Se indicó que en caso de que la Corte Marcial declare sin lugar la solicitud de la defensa, habrá que esperar 30 días, tiempo perentorio fijado por la Ley, para que el fiscal militar presente los actos conclusivos de la investigación y se fije la fecha para la celebración de la audiencia preliminar que dará inicio al debate oral y público.
