Después de la muerte de Pablo Escobar, la extradición de Gilberto Rodríguez Orejuela, el ajedrecista de un emporio que dominó el negocio del narcotráfico, es un trofeo histórico.
Como la extradición tiene más de político que de jurídico, al gobierno no le queda otra alternativa que entregar a ‘El Ajedrecista’.
En pleno corazón de Nueva York, en la famosa Times Square, llaman la atención del transeúnte desprevenido los gigantes retratos expuestos en el Museo de la DEA de los terroristas más buscados del mundo. Allí, junto a Osama Ben Laden, el difunto Pablo Escobar y los hermanos Ochoa Vásquez, están las imágenes de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, ex jefes del cartel de Cali.
Después de la decisión de la sala penal de la Corte Suprema colombiana de aprobar la extradición del mayor de los hermanos Rodríguez Orejuela, ahora los estadounidenses no sólo verán a Gilberto en fotos, sino en carne y hueso en una cárcel norteamericana. Y es muy probable que antes de diciembre de este año vean también a Miguel.
La historia de esta extradición empezó con una agria competencia entre dos agencias norteamericanas por ganarse este trofeo: llevar a los hermanos caleños a que sean juzgados en Estados Unidos. La primera fue el ICE (Oficina de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos), que le aportó las pruebas contra Gilberto Rodríguez al fiscal federal del Distrito Sur de la Florida, Marcos Jiménez, para pedirlo en extradición en diciembre del año pasado. La segunda fue la DEA, que consolidó pruebas suficientes para que el fiscal David Kelly, del Distrito Sur de Nueva York, lo solicitara dos meses después por delitos diferentes.
El fiscal de la Florida lo acusó de narcotráfico, lavado de dinero y obstrucción a la justicia y lo obliga a entregar 2.100 millones de dólares, suma que el fiscal de Miami consideró el equivalente a sus ganancias en el negocio de las drogas. Además sostiene que estando en prisión Gilberto Rodríguez continuó despachando cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos, que lavó millones de dólares y les pagó dinero a miembros de la mafia y a sus familias, quienes hoy se encuentran bajo custodia en Estados Unidos, a cambio de que no cooperaran con las agencias antidrogas de ese país.
El fiscal de Nueva York lo acusó de conspiración para lavar dinero y de obstrucción a la llamada Lista Clinton, donde figuran las personas y empresas designadas por ese país como narcotraficantes. Sostiene la justicia norteamericana que entre julio de 2000 y febrero de 2003 pasaron todas las funciones que tenía Dromarca, una empresa de los Rodríguez, a una nueva empresa, Matsum, que no había sido incluida en la lista Clinton, evadiendo así los controles de ese país. Alegan que Matsum comenzó a exportar drogas de tipo farmacéutico del cartel de Cali a Venezuela, Perú, Ecuador, Costa Rica y Panamá, y que algunas empresas enviaron a Matsum más de 1.500.000 dólares a través de una cuenta bancaria en Nueva York. Cuando se descubrió la treta, Estados Unidos incluyó también a Matsum en dicha lista.
En el último mes la DEA expuso en la ‘Gran Manzana’ las fotografías de los narcoterroristas más buscados del mundo. Al lado de Osama Ben Laden estaban los hermanos Rodríguez
Orejuela, Pablo Escobar y los Ochoa
Los abogados de los ex jefes del cartel de Cali han tratado de llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia norteamericano para buscar que la familia Rodríguez Orejuela sea sacada de la ‘Lista Clinton’
En apoyo de la solicitud de extradición, la justicia estadounidense presentó los testimonios jurados de Boyd Jhonson III, fiscal de Nueva York, y de Edward Kacerowsky, agente especial de la Oficina de Inmigración y Aduanas. Este último, quien ha seguido el caso de los Rodríguez Orejuela con la persistencia de un sabueso, sostuvo ante la Corte Federal que conversó con el boliviano José Luis Pereira, detenido en Ciudad de México el 28 de mayo de 1996. Pereira era uno de los seis acusados en la operación Piedra Angular en contra de los Rodríguez. En su charla, el narcotraficante le reveló que Miguel y Gilberto continuaban controlando el tráfico de cocaína de Colombia hacia México desde sus celdas, a través de un abogado de apellido López, que los visitaba en prisión. Poco a poco le fue contando al agente federal las intimidades del cartel y le aseguró que los confesos capos despachaban en cada avión que salía de Cali hacia México, a través de San Andrés, hasta 450 kilos de cocaína.
Kacerowsky, que se jubilará próximamente, está a punto de terminar un libro sobre los Rodríguez Orejuela que, según le han escuchado sus amigos, «culminará cuando estos hermanos pisen suelo norteamericano».
El caso que presentó la Fiscalía de la Florida también se basó en los testimonios de Fernando José Flores Garmendia, conocido en el narcotráfico como ‘El Gordo’, quien declaró que recibió dinero de los Rodríguez Orejuela en agosto de 1999 para comprar su silencio y evitar que cooperara con las autoridades. Flores, quien había trabajado en una empresa venezolana que exportó postes de concreto rellenos de cocaína, había visitado en la cárcel a los Rodríguez 17 veces. Así mismo, la acusación se sostiene en los testimonios de Julio Jo, que también asegura haber recibido dinero de los hermanos por su silencio.
El fallo de la Corte
La sala penal de la Corte Suprema estudió la petición de extradición basada en los anteriores cargos durante 10 meses. Su tarea, si bien no puede entrar a juzgar la validez de las pruebas, consistió en verificar la identidad de la persona, que no haya una doble incriminación, que los delitos involucrados existan en Colombia y que la petición se ajuste a la normatividad vigente. A la postre, el fallo de la sala dio la razón a la justicia estadounidense en algunos cargos, pero objetó otros.
Dio concepto favorable para que Gilberto Rodríguez responda por los cargos ocurridos después del 17 de diciembre de 1997, de concierto para exportar y distribuir cocaína, y para lavar dinero que le fueron formulados por el tribunal de la Florida. También aceptó el cargo de concierto para lavado de dinero del tribunal de Nueva York. Sin embargo emitió un concepto desfavorable acerca de los delitos cometidos antes de 1997, y de los cargos de concierto para obstruir la justicia y de eludir la Lista Clinton.
La limitación de que sólo podrán ser juzgados los delitos cometidos después de diciembre de 1997 se basa en la prohibición expresa que hace la Constitución al respecto. Tampoco aceptó el cargo de obstrucción de la justicia puesto que este delito en Colombia puede tener una sanción de menos de cuatro años de privación de la libertad. Una persona que pueda ser condenada sólo con esta pena no puede ser extraditada. Y también negó el cargo de intentar eludir la Lista Clinton puesto que no existe tal delito en Colombia.
Además, la sala sostuvo que los homicidios que también figuran en el
indictment sucedieron antes de diciembre de 1997 y uno de ellos en territorio colombiano, más exactamente en Cúcuta, y por ello no pueden ser juzgados en Estados Unidos.
Es de anotar que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no aceptó algunos de los cargos que tenía la justicia norteamericana contra Gilberto Rodríguez
La mala hora
Aunque la familia Rodríguez Orejuela no guardaba demasiadas esperanzas sobre el fallo de la sala, la noticia los tomó por sorpresa. Gilberto, de 65 años y quien se recupera de una isquemia cerebral que lo dejó semiparalizado, está recluido en la cárcel de La Picota en Bogotá. El siete de noviembre había obtenido la libertad después de 7 años de prisión -una condena que recibió después de confesar sus delitos en 1996-, luego de que un juez falló a su favor un recurso de habeas corpus. El fallo generó una fuerte polémica en Colombia y su regreso a la cárcel el 13 de marzo de 2003 se logró después de que la Fiscalía revivió un caso de envío de 150 kilos de cocaína a Tampa, Florida, vía Costa Rica, en 1990. Por este caso fue condenado Miguel Rodríguez a 21 años de prisión el 21 de febrero de 1997 y, en ese entonces, el juez Héctor Julio Cruz Casallas ordenó que se compulsaran copias en contra de Gilberto Rodríguez por el mismo delito; actualmente está siendo juzgado en Colombia, pero la solicitud de extradición no lo incluye. Miguel, cuya extradición está siendo evaluada por la Corte, está preso en la cárcel de seguridad de Girón, Santander.
Mientras tanto los 15 hijos de los Rodríguez Orejuela han tocado todas las puertas para evitar que sus padres sean extraditados. Así mismo han sostenido que ellos han sido objeto de una persecución de las autoridades estadounidenses que los han incluido, junto con sus familiares y empresas, en la Lista Clinton.
Por eso, en los últimos meses se han jugado una última carta. Sus abogados en Estados Unidos se han aproximado al Departamento de Justicia para que éste acepte un acuerdo. Ellos han propuesto que a cambio de entregar unos dineros a Estados Unidos y de que se someta a la justicia de ese país William Rodríguez Abadía, hijo de Miguel, también pedido en extradición y hoy prófugo, ellos y sus empresas sean sacados de la Lista Clinton. Uno de los voceros de la familia, Jaime Rodríguez Mondragón, dijo a SEMANA, que «hasta ahora se han hecho unos acercamientos con la justicia estadounidense, y mirar el interés que pueda tener Washington para que haya un tipo de acuerdo, pero hasta ahora no se ha hablado de montos precisos».
La última palabra sobre si se extradita o no a Gilberto Rodríguez, y cuándo, está en manos del presidente Álvaro Uribe, y a juzgar por la postura radical que ha tenido en este tema, es de esperar que se decida a firmarla. Es más, Uribe tiene la facultad de extraditarlo, sin tener que esperar a que se termine el juicio que se le adelanta actualmente en Colombia, y también de decidir a cuál de los dos tribunales lo envía primero, si al de Miami o al de Nueva York.
¿Habrá justicia?
Es muy difícil determinar a estas alturas si las acusaciones contra Gilberto Rodríguez tienen suficiente asidero. Esto sólo se sabrá cuando se conozcan las pruebas en los estrados judiciales de Miami y Nueva York. Sin embargo, algunos cargos parecen estar mejor documentados que otros. El menos convincente quizás es la acusación de que los Rodríguez siguieron exportando cocaína desde la cárcel, cuando todos los ojos estaban puestos en ellos. Es de pensar además que su capacidad de manejar rutas y embarques se habría reducido a poco, luego de que el cartel de Cali quedó desmembrado en decenas de bandas de narcotraficantes que rápidamente dominaron el mercado.
En últimas, esta extradición tiene tanto de político como de jurídico. La decisión de extraditar a Gilberto Rodríguez está definitivamente enmarcada en los acuerdos de cooperación para la lucha contra las drogas, en la cual Colombia es un aliado incondicional de Estados Unidos. Así, aunque en este caso la justicia colombiana haya probado ser eficaz pues capturó y tiene a Rodríguez en la cárcel, no le queda otra alternativa al gobierno que la de entregárselo al poder del norte para que lo juzgue.
