Lima (dpa).- El presidente regional de Cusco, Carlos Cuaresma, y el vicepresidente regional de Huánuco, Hamilton Estacio, señalaron que acatarán el fallo del TC pero que acudirán a instancias supranacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos para apelar el fallo.
Por su parte, los dirigentes cocaleros del valle de La Convención, uno de los lugares donde se legalizó el cultivo de la coca, anunciaron una huelga preventiva en coordinación con el resto de las cuencas cocaleras para iniciar una lucha conjunta.
El Tribunal declaró este martes fundadas las demandas de insconstitucionalidad interpuestas por el Ejecutivo contra las disposiciones regionales, pero a la vez exhortó al presidente Alejandro Toledo a evaluar la política nacional e internacional antidrogas para que sea más eficiente y se ajuste al derecho y la realidad nacional y regional.
El gobierno regional de Cusco firmó en junio pasado la ordenanza que legalizó ese cultivo en los valles de La Convención, Yanatile y Qosñipata por cuestiones medicinales, religiosas, tradicionales y alimenticias, pese a la oposición del gobierno central que considera que la medida atenta contra la política nacional antidrogas.
Un mes después, el Consejo Regional de Huánuco acordó seguir los pasos de las autoridades cusqueñas.
«El Poder Ejecutivo recibe con beneplácito el fallo del Tribunal Constitucional porque confirma que la política sobre erradicación de la coca y el desarrollo alternativo es una competencia del gobierno», señaló el ministro de Justicia, Alejandro Tudela, a pocas horas de conocerse la resolución del TC.
Los cocaleros exigen desde hace meses al gobierno la suspensión del programa de erradicación de coca, califican como un fracaso el plan de desarrollo de cultivos alternativos y denuncian actos de corrupción en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).
Sin embargo, el Ejecutivo sostiene que es inviable atender los pedidos de los productores y considera que grupos de narcotraficantes están detrás de las movilizaciones.
Sin embargo, el fallo del TC en sus observaciones al gobierno central menciona la escasa voluntad política para controlar la informalidad y la preocupante tendencia a incurrir en actos de corrupción. Asimismo, le genera extrañeza que el Estado haya concentrado su estrategia antidrogas en la erradicación parcial de la hoja de coca y no en el tráfico informal de productos químicos que permiten producir drogas.
Un sector de los cocaleros que se reúne en un Congreso en el departamento de Ayacucho opinó que si bien la resolución del Tribunal es correcta en la medida que se ajusta al ordenamiento jurídico vigente, la salida que proponen es denunciar la Convención de Viena de 1961 que declara a la hoja de coca un estupefaciente.
Según el gobierno, el 90 por ciento de los cultivos de coca se destinan al narcotráfico y sólo el 10 por ciento se usa para fines industriales lícitos y para el consumo tradicional del mascado.
