«Con los ‘paras’ no hay un proceso de paz porque, simplemente, no se está negociando nada»
La conclusión es de Natalia Springer, y la plantea en su libro ‘Desactivar la guerra, alternativas audaces para consolidar la paz’.
La obra fue lanzada esta semana y en ella la autora sostiene que en el proceso con ese grupo ilegal armado no hay nada sobre cómo van a desmontar la estructura financiera, el control territorial, y sobre cómo van a devolver las tierras sobre las que tienen control de hecho: entre 1,5 y 4 millones de hectáreas, según la Contraloría.
Lo que hay, dice Springer, es apenas una desmovilización, desarme y reinserción de combatientes.
Pero, además, una desmovilización parcial, un desarme más parcial todavía (13.041 desmovilizados han entregado 6.984 armas) y un esquema de reincorporación con muchos riesgos de fracaso «porque se basa en invisibilizar al combatiente para protegerlo».
Y esta consultora en justicia transicional y resolución de conflictos ve en la verificación una de las más grandes debilidades. La ausencia de un esquema para aclarar lo que realmente pasó en Curumaní (Cesar) con el ‘Bloque Norte’ de las Auc, a comienzos de este mes, le sirve de ejemplo.
Pese a lo corto que percibe al Gobierno en la política de reinserción (dice que no la tiene), advierte que de ninguna manera puede desconocerse la importancia de desactivar el aparato militar de uno de los grupos armados más nefastos.
Quizá uno de los mayores méritos de su libro, que pasa por el análisis de los desarmes en lugares como Bosnia-Herzegobina, Angola, Sierra Leona, Camboya y El Salvador, es la propuesta para replantear la «reintegración» de los desmovilizados que no tienen rango de comandantes.
Pagarían el daño hecho, no con cárcel sino con trabajo remunerado,en un proceso que puede durar hasta 12 años, que les serviría para expiar culpas y volver a sus comunidades sin sufrir rechazo (ver detalles en nota anexa).
Habla incluso de libertad condicional para autores de delitos atroces. Si su confesión conduce al esclarecimiento, si devuelven tierras apropiadas ilegalmente y si se comprometen a no participar en política hasta no hacer transición plena a la civilidad.
En Suráfrica, por ejemplo, las confesiones no solo esclarecieron la verdad y sanaron heridas, sino que desactivaron lo que Springer llama «civiles armados». Esas redes que sirven a los combatientes para controlar territorios: financiadores, informantes, lugartenientes, proveedores de armas…
¿Bajo su propuesta hasta los jefes ‘paras’, por confesar, podrían estar exentos de cárcel?
Tendrían que enfrentar prisión, pero menguarían muchísimo la pena. Y lo que es más importante, sólo por confesar completamente los crímenes se blindarían de una extradición a la Corte Penal Internacional (CPI).
¿Y de la extradición a E.U. por narcotráfico?
Es otra cosa. Pero incluso el Gobierno les puede decir: confiesen, paguen penas aquí y no los dejo salir. Y afuera puede argumentar: tengo un tema de seguridad nacional y no puedo exportar a estos señores. Ese es un incentivo para la negociación.
¿Han sido torpes los ‘paras’ al no entender que confesando se protegen de la CPI?
Sí, porque la Corte sólo tiene jurisdicción cuando no ha habido justicia en absoluto y el esclarecimiento de los hechos es una forma de justicia. El precedente más importante es Suráfrica, donde entregaron amnistías individuales a perpetradores de crímenes atroces. El primero que confesó jaló a otros miles y resultaron civiles que jamás portaron un arma, pero que también eran responsables.
Precisamente ‘Ernesto Báez’ amenazó esta semana con prender el ventilador…
El que dispara siempre es el último en la cadena.
Podrían entrar en la confesión grupos económicos que han financiado a los ‘paras’
Puede ser. Y podrían acceder a amnistías individuales por esa confesión.
¿Su propuesta para que los desmovilizados reparen el daño con trabajo en una reinserción escalonada es real en términos económicos?
Hace una semana la Cancillería apeló a la comunidad internacional porque necesitaba 8 millones de dólares para desactivar 24 campos minados. Piense lo que podría hacer con esa plata trabajando con los desmovilizados en vez de traer expertos internacionales. Eso es reparación.
Pagan y reparan con trabajo
Sobre dos principios básicos para lograr la reconciliación – verdad y reparación–, Natalia Springer propone este esquema de reincorporación para los combatientes (no comandantes):
El desmovilizado confiesa ante una comisión de expertos el daño hecho, acompañado por un abogado. Cooperar con la justicia, de entrada, lo blinda de la justicia internacional.
La comisión evalúa y le establece una pena, que pagará con trabajo.
Va a un centro de detención donde es entrenado cuatro meses para labores de reconstrucción, bien sea desminado, erradicación de cultivos ilícitos o construcción de infraestructura. La idea es aprovechar su formación como técnico militar, su capacidad para vivir en condiciones hostiles.
No debe hacer inteligencia, ni nada que tenga que ver con seguridad o trabajo militar.
Su desempeño es en las regiones en las que ha actuado como victimario. Así tiene menos dificultades para ser aceptado en la comunidad. En las noches regresa a dormir al centro de detención.
El sueldo que le asignan por el trabajo se le entrega a su familia. Es una de las maneras de integrarla a la reinserción del desmovilizado, que en últimas es lo que más le importa a él.
La etapa de trabajo para reparar y reinsertarse duraría hasta 12 años.
Durante el tiempo necesario tiene un día de terapia a la semana con la familia y rehabilitación sociológica
Después de dos años puede ir a dormir a su casa.
Tras una transición escalonada entra visible a su comunidad y ya puede lanzarse la política, pensar en trabajar con la Policía, o con el Ejército.
Si vuelve a la delincuencia, miente u omite información durante la confesión, el trato de reintegración con él se da por terminado.
Todo el tiempo está bajo la responsabilidad del Estado.
MARISOL GÓMEZ GIRALDO
Editora de Nación
