EFE
WASHINGTON.- El Gobierno de EEUU ha reiterado que el criticado espionaje de las comunicaciones de los estadounidenses sin permiso judicial se justifica por la lucha contra el terrorismo. The Washington Post recoge esta versión después de publicar un informe del Congreso en el que se niega que el presidente Bush tenga autoridad para ordenar las intervenciones.
La Agencia de Seguridad Nacional (NS) ha compartido con otros organismos de Washington datos obtenidos mediante su espionaje electrónico en el exterior del país, lo que ha desatado un debate sobre si ello viola los derechos civiles de los estadounidenses y de las leyes internacionales.
La Corte de Vigilancia de la Inteligencia Internacional creada por el Congreso ha exigido un resumen del programa autorizado por el presidente de EEUU, George W. Bush, en 2002, el cual podría ser recibido por ese tribunal el lunes.
En el informe, de 44 páginas, del Servicio de Investigaciones del Congreso estadounidense sobre este espinoso asunto, se indica que el espionaje electrónico decidido por Bush viola la leyes vigentes.
El mandatario autorizó a la NSA a llevar a cabo esas escuchas sin pedirle permiso al tribunal secreto especial, creado en 1978 para controlar las actividades de espionaje Ejecutivo sobre ciudadanos estadounidenses.
Según tres funcionarios o ex funcionarios del gobierno mencionados por la prensa local, la NSA pasó la información recogida a la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA por su sigla en inglés) «y a otras agencias gubernamentales».
«Los datos de las escuchas e interceptaciones incluyen grabaciones de comunicaciones telefónicas o correos electrónicos», según The Washington Post «y estuvieron a disposición para las agencias autorizadas a pedirlos».
El documento del Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos refuta las afirmaciones de Bush y del secretario de Justicia, Alberto Gonzales, sobre la legalidad de esta acción secreta.
Bush ha admitido que ordenó esas actividades y ha reiterado que las continuará, aunque ha dicho que la revelación de la operación de la NSA fue un «acto vergonzoso» que perjudica la seguridad nacional.
El Departamento de Justicia investiga ahora la manera en que la información secreta llegó a la prensa.
