Alguien miente en el caso de ‘Simón Trinidad’, pues las versiones de los hechos difieren ampliamente
Eso quedó claro la semana pasada cuando fiscales, defensores y testigos del caso del guerrillero de las Farc presentaron sus argumentos ante la Corte.
La Fiscalía de Estados Unidos defendió las pruebas que posee para vincular a Ricardo Palmera, verdadero nombre de ‘Trinidad’, con el secuestro en el Caquetá, en 2003, de tres contratistas estadounidenses.
Los estadounidenses, aún en poder de las Farc, eran contratistas al servicio del gobierno de E.U. y viajaban en un avión de monitoreo que cayó en una zona controlada por las Farc.
No existiendo una prueba que relacione directamente a ‘Trinidad’ con el secuestro (ser autor intelectual, haber dado la orden), los fiscales han construido el caso sobre tres testimonios dados voluntariamente por el guerrillero en los que este se identifica como portavoz de las Farc para un posible intercambio humanitario entre guerrilleros presos y secuestrados por la guerrilla.
Así mismo, en documentos y cartas recogidos de la web en los que las Farc lo identifican como uno de sus voceros para las posibles negociaciones con el gobierno.
Las primera de las entrevistas, y quizá la más polémica, tuvo lugar el 31 de marzo en la cárcel de Combita, donde se encontraba recluido Trinidad.
De acuerdo con los Fiscales, ese día dos agentes del FBI acudieron a la cárcel para interrogaron por el caso de los secuestrados. La cita había sido programada por la Fiscalía colombiana y a ella asistiría el abogado de Trinidad en Colombia, Oscar Silva. Poco antes, sin embargo, Silva llamó a excusarse pues se encontraba enfermo.
Dado que los agentes ya estaban en Cómbita, el director de la cárcel –según la versión de la Fiscalía- llamó a Silva para pedirle que autorizará la entrevista. Alex Barbeito, uno de los agentes del FBI- dice que presenció esa comunicación telefónica, y que al cabo de ella el director le dijo que Silva había autorizado el encuentro.
Barbeito luego se entrevistaría con Trinidad, identificándose plenamente como agente del FBI y dejando claras sus intenciones, como demuestra el hecho de que “le leyó sus derechos”, como exige la ley de E.U. cada vez que se hace una diligencia de carácter judicial.
Pero, según los abogados defensores, nada más lejano a la realidad. Testificando bajo juramente en Washington, Silva dijo jamás habló con el director de la cárcel, y mucho menos para autorizar una procedimiento judicial sin que él, su abogado, estuviera presente. Y que con el único que habló fue con el propio Trinidad, pero para decirle que no recibiera a los agentes de E.U.
Aunque no lo presentó ante la Corte,. Silva posee una constancia realizada ese mismo día en la que Trinidad dice expresamente que no se entrevistará con ellos. En otras palabras, los agentes se habían “inventado” todo un interrogatorio de más de una hora con el guerrillero.
El día dos de abril, esta vez sin en presencia del abogado, se da la supuesta segunda entrevista en la que Trinidad admite que cuando lo capturaron en Ecuador se encontraba haciendo gestiones con la ONU y con familiares de la senadora Ingrid Betancourt para lograr la liberación de los retenidos.
Y confirmaría, nuevamente, su rol como portavoz. La defensa, y el abogado de Trinidad, alegan que si bien el testimonio se dio, fueron engañados pues los agentes dijeron que estaban allí en carácter humanitario y por que querían que Trinidad les facilitará la entrega de unas gafas y medicamentos que necesitaban los estadounidenses. Por lo tanto, dice la defensa, el testimonio debe ser eliminado del sumario pues se logró bajo engaño.
A la larga, es la palabra de uno contra el otro pues no hay forma de constatar si los agentes del FBI se identificaron debidamente o si existió entrevista el 31 de marzo o no. Será el juez el que decida a quién le cree más.
La inmunidad
El otro gran eje de debate durante las audiencias fue si Trinidad puede ser juzgado por terrorismo y secuestro sin tener en cuenta el contexto del conflicto en Colombia y el papel de las Farc en el mismo.
Para la defensa es un no rotundo. Este es un grupo, le dijeron los abogados al juez Tom Hogan, “que hace cuatro años estaba sentado en la mesa de negociación con el gobierno, que lleva 40 años de lucha y que aún hoy, mientras hablamos, negocia con el gobierno un posible intercambio humanitario de secuestrados”.
Por lo tanto -sigue la teoría-, y dado que el grupo y el conflicto reúnen todas las características descritas por el Protocolo ll de las Convenciones de Ginebra que debe regir en conflictos internos, sus combatientes deberían tener inmunidad por crímenes relacionados con el conflicto. Este caso precisamente pues los estadounidenses, al momento de su captura, ayudaban al Estado colombiano a combatir a las Farc.
“Esto no es Al Qaeda, o un grupito de criminales comunes. Es imposible eliminar de este proceso el elemento político”, sostuvo la defensa que busca la anulación del proceso con este argumento.
Para los Fiscales, por el contrario, las Farc son crueles terroristas y criminales, que se financian del narcotráfico y que no reúnen las características que requiere el Protocolo ll para otorgar ese status, entre ellas acatar las normas del Derecho Internacional Humanitario.
Además, aún si las reunieran –y si las Farc fueran reconocidas como “fuerza beligerante”, que no lo son- E.U. no tendría que conceder inmunidad pues no ha ratificado el Protocolo ll y por lo tanto no lo obliga. Trinidad, quieren demostrar, es responsable de un crimen común –el secuestro- que se agrava por ser parte de un grupo terrorista que ataca los intereses de E.U.
El juez, al escuchar los argumentos de la defensa, dijo encontrarles sentido más no su aplicabilidad en una corte de E.U. En otras palabras, la guerra de las Farc contra el estado es una cosa y otra muy diferente los crímenes contra ciudadanos de E.U.
Lo que viene
En las próximas semanas, el juez Hogan deberá decidir si anula el juicio como quiere la defensa. En caso contrario, que evidencia permitirá o rechazará por falta de sustento.
También pidió a los Fiscales que revelen el papel específico que cumplían los estadounidenses al momento de la captura pues eso aclararía si se estaban inmiscuyendo en el conflicto como alega la defensa. Las partes fueron citadas nuevamente para el 7 de marzo.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIMEPO
WASHINGTON
