MARIA DANIELA ESPINOZA
ANDREINA GOMEZ
REYES THEIS
EL UNIVERSAL
Bloquear las vías terrestres en el estado Miranda, vigilar las sedes de las embajadas y reforzar la seguridad en los aeropuertos del país, fueron las primeras medidas tomadas por el Ministerio del Interior, a petición de la Fiscalía, para evitar la solicitud de asilo o la salida del país del presidente de la CTV, Carlos Ortega; el capitán Rafael Faría y los coroneles Jesús y Darío Faría.
El líder sindical, condenado por conspiración debido a su participación en el paro de 2002 y 2004; Jesús y su sobrino Rafael Faría, procesados por rebelión militar y Darío Faría, detenido desde abril de 2005 acusado de llevar un fusil desarmado en su vehículo, se fugaron ayer del Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde (Cenapromil), ubicado en Los Teques, estado Miranda.
La información fue confirmada anoche por el ministro de Defensa, general en jefe Raúl Isaías Baduel. «Tomamos conocimiento de de esta fuga a las 13:30 (1:30 pm)», informó, no obstante, señaló que desconocen a qué hora se produjo la evasión.
Baduel indicó que ordenó una investigación para determinar si hubo negligencia en el proceso de verificación de detenidos que se realiza diariamente.
Aunque el fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, confirmó que «la fuga pudo haberse producido en horas de la madrugada» del domingo, para Carlos Bastidas, abogado de Jesús Faría, sólo se trata de una «presunción» ya que no cuentan con pruebas para ratificar esta situación. Aclaró que, hasta ahora, estas personas están desaparecidas, y «según dicen los organismos de seguridad», están «aparentemente sustraídas del penal».
Entre los visitantes a Cenapromil circuló la versión de que Ortega salió por la puerta principal de la cárcel, a tempranas horas de la mañana, y se fue a pie. Un funcionario del penal le habría facilitado las llaves de la celda. Los oficiales de guardia fueron trasladados a la Dirección de Inteligencia Militar para ser interrogados.
Según el fiscal general, «la posible complicidad que pudiese existir está en el seno de la cárcel, vinculada con efectivos militares». Dijo que aunque el hecho se haya registrado en un recinto militar, el Ministerio Público abrió una investigación. Por su parte, Baduel anunció dos investigaciones, una a cargo de la Fiscalía Militar y otra administrativa de la Inspectoría de la Fuerza Armada.
Rodríguez aseguró que si Ortega y los tres oficiales se entregan, «pueden tener la certeza de que tienen garantizado el derecho a la vida».
Familiares de los evadidos manifestaron su «sorpresa» por lo acontecido. En Punto Fijo, Jairo Ortega, hermano del líder sindical, aseguró que visitó por última vez Cenapromil el pasado 5 de agosto, «y no había nada que indicara que Carlos (Ortega) estaría pensando en una fuga». «No sabemos si esto es una estrategia del Gobierno para confundir», destacó.
El comisario Luis Abreu Arabia, jefe de la Disip en Falcón, aseguró que hasta hora no ha recibido órdenes de allanamiento a las casas de la familia Ortega. Sin embargo, la familia decidió reunirse en «un lugar seguro».
Alerta al mediodía
Tras la confirmación de la fuga, las autoridades militares decidieron suspender las visitas en dicha cárcel, lo que originó un motín.
Jacqueline Yamarte, familiar de un recluso de Cenapromil, aseguró que, durante la mañana de ayer, el procedimiento de visitas transcurrió con normalidad, y que fue cerca de la una de la tarde cuando se produjo un «movimiento extraño» dentro del recinto.
Por más de dos horas, los presos lanzaron ladrillos desde la azotea, quemaron colchones y gritaron consignas.
El ministro de la Defensa informó que los internos causaron destrozos en la oficina del director del centro penitenciario, coronel Gustavo Buznego Leal, quien, por cierto, se encuentra de vacaciones desde la semana pasada. Baduel anunció la intervención del recinto.
La delicada situación en Ramo Verde ameritó la intervención de la Defensoría del Pueblo y, según el general Baduel, los internos «decidieron deponer su actitud».
Con información de Laura Arismendi
