España ofrece acuerdos de repatriación a inmigrantes
Madrid.- España ofrecerá incentivos financieros a los trabajadores inmigrantes desempleados para que vuelvan a sus países de origen, dijo el ministro del Trabajo e Inmigración Celestino Corbacho en una entrevista publicada por el diario El País.
Una economía en desaceleración frenó el auge del sector de construcción en España, y las empresas del sector han comenzado a despedir empleados, incluyendo a muchos inmigrantes provenientes de América Latina, norte de Africa y Europa del este, manifestó Reuters.
De acuerdo a Corbacho, los trabajadores que accedan a volver a sus países recibirán beneficios por desempleo, acumulados en dos grandes sumas, siempre que lleven consigo a sus familias y se comprometan a no volver a España por al menos tres años.
Corbacho estimó que los incentivos que se ofrecerán desde el próximo mes afectarán a 1 millón de trabajadores y sus familias.
Los inmigrantes representan cerca de 10% de la población española, una cifra que ha venido en alza desde inicios de los años 1990. En décadas anteriores, muchos españoles abandonaron el país hacia el norte de Europa en busca de empleo.
Según Corbacho el Gobierno también fortalecerá el reglamento que permite a los trabajadores inmigrantes traer a sus familiares al país. En una enmienda a la legislación existente programada para más adelante este año, los parientes ya no serán elegibles.
«Existe un núcleo familiar que no se puede negar: una pareja con sus hijos menores de 18 años. El resto es discutible», señaló.
«Las familias pueden ser muy grandes en relación a los servicios que el Estado puede ofrecer», agregó.
El periódico estimó que España ha emitido más de 250.000 visas a las familias desde enero del 2005.
El opositor Partido Popular pidió reducir los índices de inmigración, en uno de los principales argumentos de su infructuosa campaña en las elecciones nacionales de marzo pasado.
A su vez el Parlamento Europeo prevé aprobar la directiva de retorno de los inmigrantes en situación ilegal, que ha generado una gran controversia dentro y fuera de la UE.
La directiva ya recibió el visto bueno de los ministros de Interior de la UE durante el Consejo del pasado día 5, y ésta es la primera ocasión en que el Parlamento tiene poder de decisión.
