GONZALO GUILLEN / El Nuevo Herald
BOGOTA
Las personas desterradas durante los últimos años por la guerra civil, los narcotraficantes, los paramilitares y las guerrillas son »más de 3,600,000 colombianos, la cifra de desplazamiento interno más alta del mundo», denunció el vicecontralor general de la República, Luis Bernardo Flórez.
Citando investigaciones propias y de organismos como el Banco Mundial, Flórez reveló que las tierras abandonadas por los desplazados «pueden llegar a 4 millones de hectáreas, con todos los efectos devastadores que ello implica sobre la vida económica, social y política de Colombia».
La mayor parte del despojo de tierras a campesinos ha ocurrido durante el actual gobierno de Alvaro Uribe Vélez, cuando, además, »la pobreza rural aumentó del 66 al 69 por ciento entre el 2003 y el 2004, en tanto la indigencia subió aún más dramáticamente, del 24 al 28,3 por ciento en ese breve período», sostuvo el alto funcionario.
Flórez aseguró que el destierro de campesinos a quienes principalmente los paramilitares y los narcotraficantes roban las tierras «es una auténtica expropiación sin indemnización, que contribuye a aumentar los niveles de pobreza y que genera un masivo proceso de concentración de la propiedad rural».
El vicecontralor Flórez también denunció que el gobierno colombiano sólo ha entregado tierras al 1 por ciento de las familias despojadas entre el 2000 y el 2004 por narcos y paramilitares.
»Lamentablemente», revela, »las víctimas reciben mucho menos que los victimarios» que supuestamente se han desmovilizado a la espera de un próximo indulto prometido por Uribe Vélez. Estos reciben del gobierno »un promedio de 21.5 millones de pesos al año (cerca de $10,000)»; mientras que el presupuesto destinado para auxiliar a los desplazados, víctimas de los primeros, apenas llega a 2.3 millones de pesos por familia al año (algo menos de mil dólares), »es decir, menos de un salario mínimo mensual». Esto, sin embargo, no indica que todos los desplazados perciban alguna ayuda estatal real.
Las personas desplazadas durante los últimos cinco años representan al menos el 13 por ciento del total de la población rural colombiana. Las tierras robadas a ellas, principalmente por parte de paramilitares y narcotraficantes, »equivalen al 6 por ciento de las consideradas de uso agrícola y de ganadería en el país», sostuvo Flórez.
Las tierras robadas a los campesinos en cuatro años, agrega, son mucho menos de las que ha repartido el Instituto de la Reforma Agraria desde cuando fue fundado, hace 42 años.
»En regiones de alto desarrollo agrícola, como las del Eje Cafetero, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda y parte del Tolima y el Valle del Cauca, muchos agricultores fueron forzados a vender sus tierras a los narcotraficantes, quienes, en connivencia con otros grupos al margen de la ley, recurren a la violencia y a las amenazas», explicó Flórez.
La mayor parte de los paramilitares y narcotraficantes acusados de desplazar y asesinar a campesinos para despojarlos de sus bienes actualmente se encuentran en un proceso de negociación con el gobierno de Uribe Vélez y todas las órdenes judiciales de arresto contra ellos fueron congeladas, incluidas las que se dictaron con fines de extradición a Estados Unidos.
En las zonas agrícolas del país con mayores potenciales económicos el vicecontralor encontró que »se registran los mayores coeficientes de concentración de la propiedad y los grandes desplazamientos forzados» de población. Así, «el control paramilitar tiene su mayor incidencia en los departamentos de Chocó, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena, zonas donde se ubican los desarrollos agroindustriales del banano y más recientemente de la palma africana».
Citando un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Flórez sostiene que «los narcotraficantes concentraron el 48 por ciento de las mejores tierras del país, mientras que el 68 por ciento de los propietarios –ante todo pequeños campesinos– sólo posee 5 por ciento».
Basado en un estudio del investigador Darío Fajardo Montaña, en los campos del país »la concentración de la propiedad está relacionada con la disminución del área sembrada», por lo cual «el país se ha visto obligado a importar más de 5 millones de toneladas anuales de alimentos y materias primas de origen agrícola».
Las tierras hurtadas a los campesinos «se convirtieron en grandes e improductivas haciendas dedicadas a la ganadería o a simples praderas inexplotadas».
El vicecontralor recomendó al gobierno «expropiar a los grupos ilegales que, a su vez, han expropiado a los campesinos y al resto de los productores agrícolas».
»El gobierno tiene que asegurar el retorno de las propiedades usurpadas a sus propietarios legítimos», concluye
