La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos analiza la sentencia a muerte de un ciudadano mexicano a quien se le habrían violado sus derechos consulares, en un caso que podría poner a prueba la vigencia de tratados internacionales dentro del país.
Muchos casos serán revisados minuciosamente.
José Medellín es el primero de un grupo de 52 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos y cuyos casos serán revisados como solicitó la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas con sede en La Haya.
En marzo de 2004 la Corte Internacional de Justicia determinó que Estados Unidos violó la Convención de Viena al no ofrecer a estos mexicanos la posibilidad de acogerse a su derecho de asistencia diplomática tras su detención.
En 1994, Medellín, originario del norteño estado de Tamaulipas y entonces de 18 años de edad, fue sentenciado por su participación en el secuestro, violación y asesinato de dos adolescentes en Houston, Texas.
Al ser detenido, Medellín habría dicho a la policía que era mexicano, y sin embargo nunca se le informó de su derecho a consultar a autoridades mexicanas y a recibir ayuda legal del consulado.
Sin embargo, la parte acusadora cuestiona que ese hecho nunca fue presentado en el juicio en su contra, ni en ninguna apelación posterior, hasta ahora.
Disputa internacional
La autoridad del presidente para emitir una orden tan amplia está lejos de ser clara y no tiene precedentes
Gregg Abbott, fiscal general de Texas
Para los abogados acusadores no esta en discusión la vigencia de la Convención de Viena -que al ser un tratado internacional firmado por Washington tiene rango de ley nacional- sino si un tribunal extranjero puede ordenar la revisión de casos decididos por la justicia estadounidense.
El caso alimenta una disputa creciente entre los jueces de la Corte Suprema: ¿hasta qué punto los usos y las opiniones internacionales deben afectar la aplicación de justicia en los EE.UU.?
El mes pasado, cuando los magistrados en votación de 5 a 4 suspendieron la pena de muerte para adolescentes, uno de los argumentos presentados por los promotores de la sentencia era la tendencia mundial en contra de esa práctica.
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Pero muchos consideran que la justicia estadounidense no puede compararse con la de otros países a la hora de tomar sus decisiones por las evidentes diferencias culturales, sociales, económicas y políticas que existen.
La Corte Suprema podría emitir su fallo a mediados de años, y con él determinará cómo el resto de los tribunales federales y estatales deberán atender el fallo del Tribunal de Naciones Unidas.
Polémica doméstica
Incluso en el caso de que la Corte Suprema fallara contra Medellín, este podría aprovechar la orden del presidente George Bush, quien en febrero pasado pidió procesar nuevamente a todos los amparados por la orden del tribunal de Naciones Unidas.
Bush solicitó la revisión de todos los casos.
Esa «orden» presidencial también alimenta el debate sobre la influencia que debe tener el poder ejecutivo sobre la rama judicial.
Según los representantes del estado de Texas, Medellín perdió sus derechos al no presentar el reclamo durante su juicio. Así que la orden de Bush no debería comprometer a actuar a la justicia del estado.
«La autoridad del presidente para emitir una orden tan amplia está lejos de ser clara y no tiene precedentes», aseguró el fiscal general de Texas, Gregg Abbott.
Pero la Casa Blanca argumenta que en este caso se trata de cumplir con las leyes internacionales, un área exclusiva de la presidencia que es la encargada de manejar las relaciones exteriores de la nación.
Unos 118 extranjeros provenientes de 32 países esperan por la ejecución de la pena de muerte en cárceles estadounidenses.
