Esteban David Rodríguez
El Universal
Lunes 02 de enero de 2006
El Congreso de la Unión ofrece resistencia a la transparencia en general, pero en especial en la relación que mantiene con grupos privados, lo que ha elevado las sospechas de compra de votos legislativos, concluyó una investigación de EL UNIVERSAL.
Los vacíos de la Ley Orgánica del Congreso y del Reglamento Interior del Congreso General propician actividades inmorales que son perfectamente legales: desde la ambigüedad del destino de recursos -como el Fondo de Apoyo Parlamentario- hasta la utilización de la personalidad legislativa para litigar ante otros poderes.
La falta de transparencia se agudiza particularmente en las relaciones del Poder Legislativo con grupos privados, cuya presión para promover sus intereses económicos se hacen presentes de manera cotidiana.
Debido a las constantes denuncias de «estímulos persuasivos» o «disuasivos» por parte de entidades del Poder Ejecutivo, particulares o empresas de cabildeo para influir en los votos de comisiones legislativas y en el pleno, las sospechas de sobornos en el Congreso han aumentado.
Entre las estrategias «persuasivas» se encuentra el «turismo inductivo», como el denunciado recientemente por el panista Miguel Ángel Toscano.
El legislador denunció en tribuna que las empresas transnacionales Phillip Morris, British American Tobacco y Japan Tobacco habían prodigado regalos a los 500 diputados, y «al menos 20» habían aceptado viajes todo pagado a distintos destinos internacionales con el fin de que la Cámara rechazara -como finalmente ocurrió- un aumento del Impuesto Especial sobre Producción de Bienes y Servicios (IEPS) al tabaco.
En 2004, Francisco López Mena, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, durante el proceso de cabildeo de una nueva Ley de Juegos y Sorteos, admitió que un grupo de legisladores viajó a Baja California, Veracruz, Quintana Roo y Tamaulipas, invitados por los empresarios interesados en esa ley.
La práctica de costear viajes no ha sido exclusiva de las empresas.
Personal de la Cámara de Diputados reveló que la Coordinación General de Puertos -encabezada por el ex legislador Patricio Reyes Roel-, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), financió viajes nacionales e internacionales, en su interés por la aprobación de nuevas reglas para las Administradoras Portuarias Integrales.
En otra situación, la senadora Guadalupe Calderón Hinojosa ha criticado el conflicto de interés en que incurre el senador Diego Fernández de Cevallos al ser parte del Legislativo y ejercer como abogado para querellarse legalmente contra el Estado mexicano.
La legisladora denunció además que el senador ha comprado el voto de legisladores.
