La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, señaló que el Estado venezolano garantiza y respeta los derechos humanos. «En Venezuela se respetan los derechos humanos. Y la naturaleza del Plan Patria Segura y de todos los planes para atacar la inseguridad van orientados hacia el respeto a los derechos humanos», dijo. La declaración la ofreció durante una rueda de prensa para referirse al reciente fallecimiento de ciudadanos y están presuntamente involucrados funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana asesinato de una madre y su hija en Falcón el pasado 4 de julio, y la muerte de un joven en el barrio San José de Petare. «Puede ocurrir que un funcionario pueda violar los derechos humanos y por eso se establecen normas punitivas para castigar a aquellos funcionarios que incurran en violación a los derechos humanos», subrayó. Aseguró que estos delitos son investigados de manera inmediata por los órganos de justicia del Estado. Refirió que, en el caso de Falcón, el Ministerio Público «inmediatamente llegó al lugar del suceso porque no fue ningún organismo policial de investigación penal que abordó el sitio del suceso para garantizar la transparencia en la investigación». Recordó que fueron aprehendidos 13 efectivos militares: «A nosotros nos interesa que en el caso de algún funcionario que viole los derechos humanos, inmediatamente nos activemos como Estado para que se investigue lo que pasó, se determinen las responsabilidades, se apliquen las sanciones para que se haga justicia». Con respecto a la muerte de Edwin Moisés Rivera Calderón, de 20 años de edad, la fiscal general informó que el Ministerio Público presentará hoy al sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana, Edwar Fernández González, por su presunta responsabilidad en el suceso registrado el 14 de julio en el barrio San José de Petare, municipio Sucre. En la audiencia de presentación los fiscales 81° y 126º del área metropolitana de Caracas, Tony Rodríguez y Guillermo Tirado, respectivamente, imputarán al efectivo militar por presuntamente incurrir en delitos previstos en la legislación. En cuanto a la fundación que fue desmantelada el pasado sábado en Parque Central, que se dedicaba a cobrar a las personas interesadas en ingresar a una misión social, Ortega Díaz informó que el caso se investiga junto al Sebin. Dijo que ayer fueron presentados 12 ciudadanos al tribunal.
